Sus medidas han generado la confianza y ofrecido garantías para la vuelta a la actividad

La Unión General de Trabajadores celebra la convalidación en el Pleno del Congreso del decreto ley que amplía hasta el 30 de junio las facilidades de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor derivados de la crisis del Covid-19 contenido en el Acuerdo Social en Defensa del Empleo.

El sindicato recuerda que se trata de una medida importantísima, alcanzada en el seno del Diálogo Social, y cuyo objetivo fundamental es el mantenimiento del empleo en nuestro al disociar el Estado de Alarma de la aplicación de este tipo de ERTE.

El pacto alcanzado entre Gobierno, patronal y sindicatos amplía la red social (como el derecho a la prestación por desempleo o el contador a cero para acceder a ellas) y laboral acordada al inicio de la crisis sanitaria para proteger a 4 millones de trabajadores y trabajadoras, lo que supone reactivar el tejido productivo en condiciones de flexibilidad y avanzar hacia una desescalada con pilares económicos y laborales reforzados y con garantías.

Para UGT, este acuerdo ha generado la confianza necesaria para que las empresas y las personas trabajadoras vuelvan a la actividad.

Si no se hubiera firmado, todo el esfuerzo realizado no habría servido para nada porque se destruiría el empleo que se ha conseguido preservar y muchas empresas desaparecerían.

Trabajar en el Diálogo Social para un acuerdo por el empleo

La Unión General de Trabajadores considera este acuerdo un paso fundamental, pero mantiene que es necesario seguir trabajando y desarrollar un plan que reactive el empleo, la economía y el consumo interno.

Esta crisis continuará más allá del fin del estado de alarma, por eso, es imprescindible continuar adoptando, desde el diálogo social, medidas económicas y laborales que protejan a las personas que han perdido el empleo, que no pueden acceder a uno, o que se han visto afectados por una reducción de ingresos o la imposibilidad de tenerlos.

Para ello es imprescindible garantizar rentas a los hogares que lo necesiten con la puesta en marcha ya de la renta mínima vital, pero además, son necesarias ayudas públicas destinadas a dar soporte a los sectores productivos para que aguanten sin caer en la quiebra, tengan los medios financieros adecuados para reactivar sus actividades en cuanto sea posible y puedan garantizar los puestos de trabajo.