Las sobrecogedoras informaciones e imágenes que se han dado a conocer recientemente sobre los sucesos en la ciudad ucraniana de Bucha tras la salida de las tropas rusas, con multitud de cadáveres de civiles esparcidos por las calles y diferentes puntos de la ciudad, fosas comunes improvisadas y evidentes signos de ejecuciones sumarias aportan indicios considerables de posibles crímenes de guerra. Más allá de las condenas de numerosos líderes mundiales, fueron los propios vecinos de Bucha quienes han acusado ante los medios de comunicación destacados allí la responsabilidad de las tropas rusas sobre estos asesinatos.

Además de los testimonios de los habitantes de Bucha, organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch han alertado sobre la posibilidad de crímenes de guerra en la ciudad. Esta misma organización lleva semanas denunciando posibles violaciones a los derechos humanos de este tipo, por parte de las tropas rusas, en otros lugares del país. 

Si la guerra supone de por sí la mayor atrocidad posible, los crímenes de guerra contra civiles implican un nivel más de gravedad en esta espiral de violencia y perversión. Los propios conflictos bélicos poseen normas para proteger a la población civil y evitar la impunidad, que están recogidas en el derecho internacional humanitario y la criminal y cobarde violación de estas normas, además de delito, deslegitima absolutamente a quien las comete. 

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) se suma a la lista de organizaciones que exigen una investigación urgente sobre la responsabilidad de estos hechos. Las autoridades rusas deben explicar las imágenes vistas en Bucha y los responsables de los asesinatos y torturas, tanto los que los cometieron como los que los ordenaron, los que los incitaron o los que hicieron la vista gorda, deben ser juzgados y pagar por ellos.