RUGE – UGT duda de su efectividad y considera que la falta de concreción de la medida aprobada hoy en Consejo de Ministros puede conducir a un uso fraudulento del bono por parte de los arrendatarios 

RUGE – Revolución Ugetista se lamenta de la gran oportunidad perdida para establecer unas políticas de vivienda realmente innovadoras y valientes que acaben con el problema del acceso de la vivienda de las personas jóvenes. La organización joven del sindicato cree que el Ejecutivo demuestra estar alejado de la realidad social, dado que un país con una tasa de emancipación juvenil del 14,9% no puede anunciar como medida estrella un bono que, en el mejor de los casos, solo beneficiaría a 70.000 personas y que, tal y como está planteado, genera profundas dudas su efectividad.

Para RUGE, los límites del precio total de la vivienda que se exigen para poder acceder a la subvención estimula que el mercado se eleve, propiciando que parte de ese bono de vivienda joven acabe en el bolsillo del arrendatario en lugar de ser un ahorro real para la persona joven. La organización sindical joven de UGT cree que estas ayudas deben estimular a que los alquileres frenen el alza abusiva de los precios, controlándolos con un límite de alquiler que esté basado en un tope de euros por metro cuadrado y acorde con el precio actual medio de la zona.

Por tanto, para RUGE – UGT esta propuesta parece una cortina de humo para enmascarar un fracaso político como es el de no haber podido alcanzar una ley de vivienda que responda a las necesidades vitales de la sociedad y, especialmente, de las personas más vulnerables. En el caso de la vivienda en nuestro país, tanto para la compra como para el alquiler, se requiere de unas medidas restrictivas que controlen el alza de los precios desmesurado que se está produciendo y se avance en poder ofrecer un parque de viviendas público a precios mucho más ajustados para garantizar el derecho fundamental de acceso a una vivienda digna.

Además de una profunda reforma en el mercado de la vivienda de nuestro país y de la manera en que se debe gestionar ese bien básico, el Gobierno está en la obligación de avanzar hacia un modelo productivo y laboral que traiga una mayor estabilidad y certidumbre a las personas jóvenes trabajadoras. Esto no solo pasa por una reforma laboral que ataje (parcialmente) la precariedad, sino que exige que se inicie de manera inminente un desarrollo profundo de aquellos sectores estratégicos necesarios que transformen nuestro mercado productivo y generen empleos netos.