Toño Abad ha asegurado que “llevamos años denunciando la situación de discriminación que sufren las personas LGTBI en el empleo, en base a un estudio de UGT de los años 2020 y 2023, y qué medidas se necesitan para reconocer los derechos de estas personas”.

Un estudio basado en más de 5.000 encuestas, “donde nos encontramos con una realidad demoledora. Situación antidemocrática la que vivimos en los centros de trabajo, renunciando a derechos ampliamente reconocidos. El 78% de las personas LGTBI reconoce que han vivido situaciones de violencia por motivo de orientación sexual; el 40% de personas trans han sufrido rechazo en entrevistas de trabajo de manera indirecta, un 15% de manera directa; y un 20% de personas trans sufren violencia sexual en el trabajo. Son cifras inasumibles y desoladoras”.

Una situación, ha afirmado, “de violencia, que hace que las personas LGTBI se oculten en el trabajo. Estamos renunciando a derechos, como el permiso por matrimonio o los permisos por acompañamiento por visitas médicas”. 

UGT, al frente en la protección de las personas LGTBI

Ante esta situación, Toño Abad ha recordado las medidas desarrolladas por UGT para proteger a estas personas. “En la Ley de Empleo, hemos logrado incluir la consideración de las personas LGTBI en situación de vulnerabilidad como colectivo prioritario en las políticas activas de empleo; o el artículo 15.1 de la Ley Trans y LGTBI, a iniciativa del sindicato, que establece la obligación a las empresas de incluir medidas específicas para lograr la plena igualdad de las personas LGTBI en el trabajo. Es una medida única en Europa, somos pioneros en los planes LGTBI en las empresas a nivel comunitario”.

Además, el responsable confederal del Área LGTBI, ha especificado que “estamos negociando con el Gobierno un conjunto de medidas y recursos a poner en marcha en las empresas para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra estas personas, información y sensibilización, modificación de los regímenes disciplinarios para sancionar fuertemente el acoso y otras medidas que consigan cambiar el paradigma actual en las empresas. Queremos crear espacios de trabajo seguros e inclusivos donde nadie se sienta discriminado”. 

De esta forma, ha exigido al Gobierno “celeridad en el impulso de estas medidas, también por seguridad jurídica hacia las empresas, ya que, a pesar de que se tenían que haber puesto en marcha el pasado 2 de marzo, seguimos sin contar con ellas, a pesar de que la ley está en vigor y la obligación de las empresas de luchar por la igualdad de las personas LGTBI sigue intacta”.