Este protocolo determina que, en caso de conflicto, los derechos sociales, laborales y sindicales prevalezcan sobre las libertades económicas y otras políticas de la UE. Barrera que ha intervenido en la reunión de la Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía del CESE ha calificado este protocolo de ‘esencial para reforzar la autonomía de los interlocutores sociales y garantizar que no se produzca un retroceso de estándares sociales’, algo que se reconoce también en la Carta Social Europea y en la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales. Es un ‘elemento básico para que la gobernanza de la UE vaya más allá de la simple cuantificación del Producto Interior Bruto, y se base en construir un bienestar social europeo justo, inclusivo y sostenible. Se trata de preservar el modelo social europeo, lo que redundará en la creación y desarrollo de empresas más robustas y sostenibles’- ha dicho.

Barrera ha instado a que la UE se adhiera a la Carta Social Europea y ha recordado que el informe de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (COFOE) pide a la UE, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que garanticen la plena aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales.  Las conclusiones de la COFEO son ‘una hoja de ruta para promover los Protocolos de progreso social’, se pide una actuación más ambiciosa y firme para garantizar un mejor bienestar de los ciudadanos europeos, en el marco de un contrato social renovado, como la mejora constante de las condiciones de vida y de trabajo. A tal fin, el marco normativo actual ampara políticas sociales más comprometidas, como: 

• Reforzar las competencias de la UE en las políticas sociales y proponer una legislación armonizada para toda la Unión (por ejemplo, proponiendo un marco común para la renta mínima y así garantizar que nadie se quede atrás)

• Que las medidas de política económica y monetaria no supongan retroceso en la protección de los derechos sociales y laborales de las personas.