La propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de permitir el uso de Fondos de Cohesión para el gasto en defensa ha abierto un debate sobre sus implicaciones económicas y sociales. Con el objetivo de movilizar hasta 800.000 millones de euros en los próximos años, la medida busca reforzar la seguridad en Europa ante un contexto geopolítico inestable. No obstante, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) advierte que esta inversión no debe hacerse a costa del modelo social europeo ni de la cohesión territorial.

Europa debe asumir mayor responsabilidad en su defensa, pero sin debilitar las políticas de bienestar y, en este sentido, los fondos de cohesión han sido clave para reducir desigualdades y financiar infraestructuras, inclusión social y transición ecológica. Su reasignación al sector militar sin planificación adecuada podría aumentar disparidades y afectar la estabilidad territorial.

Condiciones clave para una inversión equilibrada

UGT considera que cualquier inversión en defensa debe garantizar, en primer lugar, la protección del gasto social, asegurando que los fondos destinados a empleo, formación, infraestructuras y sostenibilidad no se vean reducidos. Además, es imprescindible que esta industria contribuya a la creación de empleo digno, ofreciendo puestos de trabajo estables y con derechos garantizados. 

Otro aspecto clave es el equilibrio territorial, evitando la concentración industrial en unas pocas regiones y promoviendo la reindustrialización de aquellas zonas en declive. Para asegurar un uso eficiente de los recursos, se requieren mecanismos de supervisión y transparencia que prevengan cualquier posible malversación. Por último, cualquier inversión en este ámbito debe estar alineada con los objetivos climáticos de la Unión Europea (UE), apostando por procesos sostenibles y respetuosos con el medioambiente.

Un modelo de seguridad compatible con el progreso social

La seguridad y la defensa son esenciales para el futuro de la UE, pero su financiación no puede comprometer los principios de cohesión y justicia social. UGT insta a que cualquier decisión en esta materia cuente con la participación activa de los interlocutores sociales y garantice la protección de los derechos laborales, el desarrollo territorial equilibrado y la sostenibilidad económica y ambiental. La seguridad debe reforzarse sin socavar el modelo social que ha sido la base del progreso europeo.