El nuevo Gobierno ha declarado hoy, tras la celebración del Consejo de Ministros, la emergencia climática en España para hacer frente con más contundencia a los graves impactos derivados del cambio climático en nuestro país. Esta declaración incluye el compromiso de adoptar treinta líneas de acción prioritarias y cinco de ellas en los primeros cien días de Gobierno.

De esta forma, España se pone en línea con Europa, ya que el pasado 28 de noviembre, pocos días antes de la Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático, que se celebró en Madrid, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que declaraba una “emergencia climática y medioambiental” en Europa y a nivel global, convirtiéndose así en el primer continente que aprobaba una resolución advirtiendo de la necesidad de actuar con urgencia ante la emergencia climática. La declaración pretendía convertirse en una llamada de atención a la clase política europea para que incrementase los esfuerzos para hacer frente al calentamiento global, así como transmitir al conjunto de la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, que se han manifestado en sucesivas ocasiones en las calles de todo el continente, la idea de que sus reivindicaciones, ha sido escuchadas.

Desde el Gobierno han asegurado que con esta iniciativa sitúan al cambio climático y a la transición justa como eje transversal en sus políticas y que el objetivo es “lograr un proyecto de futuro común, más justo y equitativo, que aproveche las oportunidades de la transición ecológica mediante políticas transversales que pongan al ciudadano en el centro”.

En relación con la Transición Justa, principal demanda sindical, la declaración subraya que la emergencia climática promoverá respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el fin de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás.

Las primeras medidas para hacer frente a este desafío, que se materializarán en los primeros cien días de acción de Gobierno, son:

• Llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.
• Definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
• Invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. En esta línea, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.
• Reforzar los mecanismos de participación ya existentes, con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes.
• Impulsar la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.

Además, el acuerdo destaca la necesidad de implementar políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como consecuencia de estos cambios, actuando frente a la pobreza energética y asegurando la participación activa y en igualdad de condiciones de las mujeres en la transición energética.

De igual modo, el acuerdo pone énfasis en fortalecer sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de las oportunidades para la transición ecológica, para generar nuevo empleo verde. En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal.

La Declaración también recoge la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular, una demanda que venimos tiempo reclamando desde UGT, y una Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050.

Desde la Unión General de Trabajadores valoramos muy positivamente que el Gobierno haya presentado la Declaración de Emergencia Climática. Es necesario actuar ya, nos estamos quedando sin tiempo y es imprescindible que el Gobierno haya incluido la transición ecológica y la emergencia climática como una de sus prioridades.

Sin embargo, las palabras o las buenas intenciones no son suficientes. Por lo que demandamos que esta Declaración no se quede en papel mojado y podamos ver a corto plazo cómo se traduce en medidas concretas y eficaces.

El éxito de la transición ecológica dependerá del modo en que nuestra sociedad tenga en cuenta a las personas y colectivos más vulnerables, ya que la transición solo será efectiva si se lleva a cabo bajo una perspectiva de justicia climática y social. De ahí que toda esta transformación deba hacerse bajo el paraguas de una Transición Justa que asegure que no se deja a nadie atrás y que esté basada en el diálogo social como herramienta principal.

Un diálogo social que se debe estructurar a todos los niveles, desde las empresas, sectores y territorios vulnerables hasta nivel estatal, donde se pueda establecer una coordinación de todas las medidas implantadas. Y en todos estos niveles la presencia de las organizaciones sindicales es imprescindible. Hay que tener claro que no habrá una transición justa sin la participación de los sindicatos y de los trabajadores y las trabajadoras.