Hay que garantizar que las medidas para proteger a las personas más vulnerables sean de carácter permanente 

► UGT considera que la ampliación del escudo social, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, es una cuestión de justicia social y de sentido común, pero no es suficiente. 

► Insta al Gobierno a que dé un paso adelante y que por fin promulgue una Ley de Vivienda digna, que establezca medidas definitivas y eficaces para proteger a las personas más vulnerables, como la prohibición de desahucios a los hogares vulnerables, mientras no tengan una solución habitacional, así como la de garantizar los suministros básicos a todos aquellos que lo necesiten, lo que exige la reforma urgente del bono social, más allá de la pandemia.

► El sindicato recuerda, además, que el escudo social estará incompleto hasta que no se adopten políticas para acabar con la precariedad injustificada del mercado laboral, se mejore el Ingreso Mínimo Vital y se suba el SMI, esencial para que los trabajadores más pobres puedan hacer frente a los gastos vitales.

El Consejo de Ministros ha aprobado otra ampliación, hasta el 31 de octubre, de las medidas recogidas en el Real Decreto ley 8/2021 que finalizaban el 9 de agosto, como la suspensión de desahucios a las familias en riesgo, sin alternativa habitacional y la garantía de suministros esenciales (agua, luz y gas) a los consumidores vulnerables. 

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) aunque valora esta nueva ampliación del escudo social, considera que después de dos prórrogas, sigue siendo un parche, que no es suficiente y que es necesaria la aprobación, con carácter permanente, de una red de protección social que no deje caer a nadie.

La prohibición de desahuciar y el derecho constitucional a una vivienda

Los precios de la vivienda siguen consumiendo una parte desproporcionada de los recursos de los hogares, lo que expone a las familias a la pobreza y al desarraigo, especialmente en el caso de los colectivos más vulnerables. 

Por eso, aunque se haya aprobado la prórroga del escudo social en materia de vivienda hasta el 31 de octubre, el Ejecutivo tiene que aprobar ya una Ley por el derecho a la vivienda digna, que incluya medidas definitivas en esta materia. Que ponga fin de forma permanente a los desahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional.

El sindicato considera que esta ley debe garantizar el derecho subjetivo a una vivienda digna, adecuada y asequible a través de la promoción pública de un parque de viviendas en alquiler, ya que en España la vivienda social apenas llega a un 2,5% sobre el total de viviendas, siendo de los más bajos de Europa. También es necesario un control de los precios del alquiler, sobre todo en zonas tensionadas y de la reordenación del sector. 

Combatir la pobreza energética

En este sentido, asegura que la Ley debe garantizar los suministros esenciales a los consumidores vulnerables, lo que requiere una reforma urgente del bono social para que llegue a todos los que lo necesiten.

El sindicato afirma que es crucial recoger legalmente el principio de precaución en materia de pobreza energética. Este impone a las compañías la imposibilidad de cortar cualquier suministro básico hasta que consulten la situación económica del hogar afectado con los servicios sociales competentes y se tenga la certeza de que no se trata de un hogar vulnerable. 

El sindicato, ante la subida injustificable y continua del precio de la luz, exige también reformar el sistema de fijación del precio de la electricidad o adoptar de forma permanente la bajada del IVA, medida provisional que ha introducido el Gobierno con el Real Decreto Ley 12/2021.

Mejorar el IMV, subir el SMI y asegurar y mejorar el empleo

Otras medidas esenciales para preservar y reforzar el escudo social son la mejora del Ingreso Mínimo Vital, para que llegue a todos los que lo necesiten; el mantenimiento de los ERTES frente a los despidos, un mecanismo que ha llegado para quedarse; y la subida del SMI este año, vital para cientos de miles de trabajadores y trabajadoras y que permitirá impulsar el consumo y la economía.

Asimismo, es necesario adoptar ya cambios en el mercado de trabajo, apostando por empleos estables y condiciones laborales dignas.