Esta enmienda legislativa, introducida por los grupos parlamentarios del Partido Popular, VOX y JUNTS, representa una ruptura intolerable del acuerdo alcanzado en la reforma laboral de 2021, fruto del diálogo social entre organizaciones empresariales, sindicatos y el Gobierno.

Esta modificación legal, que amplía de 90 a 120 días el límite anual del contrato temporal por circunstancias de la producción exclusivamente para las empresas del sector agrario y agroalimentario, es una regresión que ataca frontalmente la calidad del empleo y perpetúa la precariedad en uno de los sectores más castigados por la temporalidad en nuestro país.

La reforma laboral pactada en diciembre de 2021 ha demostrado ser un éxito incuestionable: ha reducido los niveles de temporalidad hasta cifras nunca vistas en España, acercándonos al modelo europeo y consolidando figuras como la del fijo discontinuo en sectores estacionales. Se trata de una reforma que, por primera vez en décadas, ha convertido el empleo estable en la norma y no en la excepción.

La aprobación de esta medida, sin participación ni consulta en los marcos del diálogo social, vulnera los principios fundamentales de la concertación social y rompe el equilibrio alcanzado entre las partes firmantes de la reforma. Resulta escandaloso comprobar cómo fuerzas políticas de derechas y extrema derecha, que se declaran mutuamente incompatibles y que incluso promueven medidas para encarcelarse entre sí, son capaces de ponerse de acuerdo cuando se trata de atacar los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores.

Desde UGT exigimos a las organizaciones empresariales firmantes de la reforma —CEOE y CEPYME— que se sumen al rechazo de esta modificación y denuncien, junto con sindicatos y Gobierno, la quiebra del pacto alcanzado el 22 de diciembre de 2021.

Asimismo, anunciamos que desde UGT se promoverán movilizaciones en todos los ámbitos afectados, empezando por el sector agrario y agroalimentario en Cataluña, donde el apoyo de JUNTS a esta medida supone una traición a los trabajadores y trabajadoras del campo catalán. JUNTS, con su apoyo explícito a esta reforma regresiva, se alía con el partido de extrema derecha estatal para rebajar derechos y precarizar el empleo.

Resumen de los cambios legislativos efectuados:

La Ley 1/2025 modifica el artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores para incluir expresamente las campañas agrarias y agroalimentarias entre las circunstancias que permiten el uso del contrato temporal por un máximo de 120 días al año, frente al límite general de 90 días. Esta excepción, además, permite la celebración de estos contratos para campañas de corta duración con un máximo de 120 jornadas reales anuales, discriminando al conjunto de trabajadoras y trabajadores del sector primario e industrial asociado, y vulnerando la igualdad en el tratamiento jurídico-laboral.

Desde UGT no vamos a permitir que se normalicen regímenes de excepcionalidad que perpetúan la temporalidad estructural. El campo y la industria agroalimentaria merecen respeto, dignidad y condiciones laborales equiparables al resto del mercado de trabajo.

¡Basta ya de excepciones a la carta que rompen el diálogo social y condenan a miles de personas a la precariedad laboral!