Cristina Antoñanzas, que ha participado en una Asamblea de delegados y delegadas en Zaragoza, critica que el Real Decreto de medidas urgentes relativas a la igualdad ralentiza cuestiones vitales, como la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad y la obligatoriedad de los planes de igualdad en las empresas

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha afirmado que el paro de dos horas por turno, convocada el 8 de marzo, deja claro que los “sindicatos más representativos de este país, no miramos hacia otro lado cuando se habla de igualdad. Llevamos muchos años peleando en las empresas, negociando planes de igualdad, convenios colectivos, esenciales para el reparto de la riqueza. Para nosotros es muy importante poner de manifiesto cuál es la situación que sufren las mujeres, con más precariedad, temporalidad, contratación a tiempo parcial y salarios más bajos que los hombres. La brecha salarial se sitúa en el 23%, lo que supone que las mujeres en nuestro país ganan 6.000 euros menos que los hombres. Pero además de denunciar esto, también hemos hecho propuestas, que hemos planteado al Gobierno, para luchar contra estas discriminaciones”.

Antoñanzas ha hecho estas declaraciones en el marco de una asamblea de delegadas y delegados celebrada en Zaragoza.

Un Real Decreto de medidas urgentes que se trasladan en el tiempo

La Vicesecretaria General de UGT ha criticado el Real Decreto sobre medidas urgentes relativas a igualdad, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, porque llega tarde (aunque la mayor parte de las mesas de diálogo social se iniciaron hace tiempo, la de igualdad, apenas hace un mes y medio). En este sentido, no ha habido “margen de maniobra y negociación”. Ha aclarado que los sindicatos no han conocido hasta hoy, cuando se ha publicado en el BOE, el RD de medidas urgentes relativas a la igualdad, pues solo se tenía un borrador.

Además, aunque contiene medidas positivas (algunas de ellas reivindicaciones del sindicato desde hace tiempo, como la equiparación del permiso de paternidad y maternidad y que tengan carácter intransferible) algunas de ellas deberían haber entrado inmediatamente en vigor, como esta misma cuestión, o la obligatoriedad de los planes de igualdad para las empresas de más de 50 trabajadores. Ambas medidas se van a aplicar de forma progresiva, con el horizonte de tres años, algo que se ha producido por la presión de la patronal.

Antoñanzas, ha señalado que “la ley de igualdad de 2007 tiene 12 años, por lo tanto, creemos que ya era hora de implementar, clara y contundentemente, estas medidas”. Por eso, “aunque éste ha sido un primer paso, vamos a seguir exigiendo al Gobierno que salga de las próximas elecciones generales del 28 de abril, que siga trabajando por la igualdad y, sobre todo, que negocie con los agentes sociales las medidas en el ámbito laboral y en el resto de los ámbitos”.

Ha precisado que, aunque esta Ley de 2007 fue muy importante, dejó todo lo relativo a los planes de igualdad, a la negociación colectiva, algo que ha sido muy complicado, especialmente desde la reforma laboral de 2012, que desequilibró las relaciones laborales en beneficio de los empresarios.

Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de la transparencia salarial en las empresas. Los sindicatos, como representantes legales de los trabajadores, tenemos que saber qué conceptos salariales son cobrados por hombres y mujeres, entre otros asuntos. Se trata de analizar si existe brecha o no, una brecha que, prácticamente, se produce en el 99% de las empresas y que hay que evitar, implementando medidas.

Audio de Cristina Antoñanzas