Ante los anuncios recientes del gobierno del Estado de Israel de avanzar con sus planes de anexar partes sustanciales de Cisjordania y el valle del Jordán, desde UGT hemos remitido a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, una carta de repudio de los mencionados planes del gobierno israelí, donde solicitamos al gobierno de España que rechace de forma rotunda tales decisiones.

 

La anexión propuesta por el actual gobierno israelí representa una clara violación del derecho internacional y anula unilateralmente toda perspectiva de negociaciones genuinas que conduzcan a la realización de una solución de dos Estados basada en las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Este como capital de un Estado soberano de Palestina.

 

Asimismo, los planes del gobierno israelí tendrán enormes repercusiones sociales y económicas para las comunidades y las y los trabajadores palestinos, ya que se espera que el plan desconecte a unas 200.000 personas de su entorno socioeconómico. El 23% de la zona que va a ser anexada son terrenos palestinos de propiedad privada donde se encuentra la mayor parte del sector agrícola de Palestina y donde se ganan la vida gran número de nacionales del país. Los recursos hídricos vitales y las tierras agrícolas fértiles en las mismas zonas quedarán también permanentemente sujetos a la ley israelí de asentamiento de tierras de 2017, que permite al gobierno de este país controlar las propiedades de las personas “ausentes” en la Zona C, así como el control de las propiedades que reivindica como “propiedad pública''.

 

 

Además, el plan hará avanzar más la implementación de la ley del “Gran Jerusalén” que ha promulgado la anexión de tres principales bloques de asentamientos que cubren una extensión territorial de 175 kilómetros cuadrados en el distrito ocupado de Jerusalén. Este plan acabaría con la posibilidad de cualquier acuerdo negociado en el futuro y el establecimiento de una capital palestina en la ciudad. La anexión rompería la contigüidad territorial entre Jerusalén Este y Cisjordania, la cual es esencial para las condiciones de vida de los palestinos y su capacidad para llevar una vida independiente y sostenible en el futuro.

 

Por consiguiente, esta grave situación exige un claro compromiso, por parte del gobierno de España, con la paz y el progreso en la región, así como con la estricta observancia del derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas sobre el conflicto en la zona. Son, por lo tanto, fundadas las razones para que el gobierno rechace de manera urgente este plan y ejerza presión sobre el gobierno israelí para impedir su aplicación.