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Este tratado es un acuerdo multilateral de inversiones que se circunscribe al sector energético y que cuenta con un sistema de arbitraje “inversor-estado” que permite a inversores y empresas multinacionales demandar a estados ante tribunales privados de arbitraje que se sitúan por encima de la soberanía jurídica de los propios estados y, en la práctica, atienden de forma mayoritaria los intereses de estas corporaciones económicas, pudiendo afectar gravemente con sus resoluciones la capacidad política y económica de los estados. Este tipo de tribunales, conocidos por sus siglas en inglés como ISDS, representan un grave ataque a la democracia por su falta de justicia, independencia y transparencia.

 

España es el país de la UE más afectado por los arbitrajes a partir de este tratado, cuyos laudos se sitúan por encima de sentencias de los más altos tribunales de nuestro país, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

 

De las más de 50 demandas que España afronta ante instancias internacionales de arbitraje, 45 se presentaron bajo el tratado sobre la carta de la energía. España ya ha sido condenada a pagar más de 700 millones de euros producto de estas demandas, y el resto de casos pendientes podrían representar un monto de más de 6.000 millones de euros, que supone más del doble del presupuesto para educación español.

 

Las alternativas para evitar este tipo de denuncias que ha planteado el Gobierno no han conseguido evitar la proliferación de nuevas denuncias, la mayor parte de ellas producto de las modificaciones normativas respecto a las energías renovables del año 2013. Por lo tanto, la única solución para evitar este ataque a la democracia, y saqueo a las arcas públicas por parte de corporaciones económicas, es la salida del tratado, tal como hizo Italia hace solo 5 años.

 

Por esta razón, nos sumamos a la petición al Gobierno de España para que con la salida del tratado anteponga la defensa de nuestra soberanía política, jurídica y económica, así como para que de esta manera proteja la capacidad de nuestro país para afrontar las reformas estructurales necesarias para un futuro modelo económico sostenible social y medioambientalmente.