► Las personas desempleadas sin protección no pueden esperar más, ya que actualmente sigue siendo casi imposible acceder a un empleo.

► UGT recuerda que la negociación se inició bajo la premisa de una respuesta urgente y debería estar ya en marcha.

► Este subsidio debería alcanzar a 550.000 personas desempleadas que bien han agotado su prestación durante la pandemia o habiendo quedado en desempleo no tenían derecho a prestación y debería tener una duración mínima de 6 meses, prolongándose a partir del 30 de septiembre, con la posible prolongación de los ERTE. Se trata de que no se produzca un agravio comparativo con los derechos reconocidos a las personas acogidas en ERTE.

► El sindicato exige abordar la reforma de la protección por desempleo a partir del 1 de septiembre, tal y como se comprometió el Gobierno, porque es necesario dar una respuesta inmediata al total de personas paradas que carecen de protección (1,6 millones antes de la pandemia)

UGT considera que una de las cuestiones prioritarias, en este mes de septiembre, es la aprobación de un subsidio extraordinario para las personas desempleadas que bien han agotado su prestación durante la pandemia o habiendo quedado en desempleo no tenían derecho a prestación.

Este colectivo (de 550.000 personas) sufre un agravio comparativo con respecto a los derechos reconocidos a las personas acogidas en ERTE, a quienes no se les exigía requisitos previos para el cobro de la prestación, tal y como viene denunciando el sindicato reiteradamente desde el inicio de la crisis de la Covid-19.

El sindicato reclama que este subsidio extraordinario (cuya cuantía es de 430 euros al mes) dure al menos 6 meses, prolongándose a partir del 30 de septiembre, con la posible prolongación de los ERTE.

Al mismo tiempo, UGT recuerda el compromiso del Gobierno de abordar la negociación de la reforma de la protección por desempleo a partir del 1 de septiembre. Y es que el sindicato quiere que se dé una respuesta inmediata al conjunto de personas en desempleo que carecen de protección (1,6 millones de personas registradas antes de decretarse el estado de alarma por la Covid-19)

El objetivo es que nadie se quede atrás y nuestro país no pague una factura en términos de igualdad como ocurrió en la crisis anterior.

► Audio de Mª Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT