El fin del peroido estival supone un reto por el aumento del riesgo de entrar en contacto con el virus

► El derecho a la salud debe ser la prioridad en la vuelta a la actividad y las empresas tienen la obligación de garantizar la salud de los trabajadores y trabajadoras.

► Las empresas deben establecer planes de contingencia y protocolos de actuación consensuados con los trabajadores frente al coronavirus y, además, se debe garantizar de forma específica la protección de los trabajadores especialmente sensibles.

► Es necesario mantener la protección social y abordar cuestiones pendientes como las relacionadas con la Ley del Teletrabajo, la prolongación de los ERTE o las carencias de la educación a distancia en nuestro país.

En el marco de la inminente vuelta a la actividad en el mes de septiembre, la Unión General de Trabajadores reclama priorizar la protección de la salud de la ciudadanía y establecer un retorno con derechos.

El fin del periodo estival y la reanudación de la actividad en las empresas y centros escolares supone un aumento del riesgo de entrar en contacto con el virus por eso UGT recuerda que las empresas deben dar una respuesta adecuada y adoptar las medidas preventivas que sean necesarias para proteger la seguridad y la salud de las personas trabajadoras a su cargo.

Es fundamental garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros; continuar con el teletrabajo en aquellos puestos en los que sea posible, a fin de evitar desplazamientos y contactos respetando el derecho a la desconexión digital; establecer limitaciones de aforo en zonas comunes, optar por reuniones por videoconferencia; así como extremar la limpieza de las instalaciones, lugares y superficies de trabajo. En este contexto, el sindicato exige también un transporte público seguro.

Además, resulta imprescindible que la empresa proporcione dispensadores jabonosos y/o de solución alcohólica desinfectante en número y disposición suficiente en los puestos de trabajo; y garantice la existencia, suministro y uso de EPI adecuado al riesgo (mascarillas, gafas, guantes, etc.).

El sindicato señala que, hay que establecer planes de contingencia y protocolos de actuación consensuados con los trabajadores, en los que se establezca de forma clara la forma de proceder, tanto para el trabajador o trabajadora contagiado, como para los distintos departamentos en la empresa –limpieza, servicio de prevención, etc.- y que se debe garantizar de forma específica la protección de las personas trabajadoras especialmente sensibles. Además, es de obligado cumplimiento ofrecer información y formación a las plantillas.

Con todo, exige a la inspección de trabajo que este vigilante y sea diligente tanto con los posibles incumplimientos en materia de seguridad y salud con motivo del COVID-19, así como con las diferentes situaciones que se pueden dar en relación a la precariedad en la contratación y en el trabajo.

Mantener, extender y mejorar la protección social

La Unión General de Trabajadores considera que, como medida fundamental para preservar el empleo, es esencial llegar a un acuerdo para prorrogar los ERTE el tiempo necesario hasta que tengamos la economía en marcha en los sectores que lo requieran entre otras cosas porque, si no se hace, miles de trabajadores pasaran a cobrar prestaciones por desempleo si las empresas cierran.

Además, hay que mantener, extender y mejorar en la medida de los posible la protección social a personas desempleadas (creando un subsidio para las personas que hayan agotados las prestaciones) o inmersas en ERTE (mantenimiento de las percepciones actuales de las personas que en este momento están en ERTE conservando a partir del sexto mes en el desempleo el 70% de la base reguladora, y no el 50% como ocurriría con la actual legislación.

Y desde la óptica económica, la extensión de la protección observa una importancia también radical, pues cuanto menor sea esta en un escenario de destrucción de empleo, más difícil, cara y larga será la recuperación.

UGT exige que se desbloquee la tramitación de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Es urgente que se pague ya el IMV y que todas las personas demandantes guarden el derecho a percibirlo desde el 1 de junio de este año. Hay 750.000 familias que dependen de este ingreso y actualmente están desprotegidas por las políticas públicas.

El sindicato recuerda que el sistema de protección español era deficitario a consecuencia de más de una década de recortes derivados de las políticas de austeridad, que dejaban sin protección por desempleo a comienzos de marzo a casi el 40% de las personas desempleadas de este país. Esto ha condicionado en gran medida al Gobierno y, aunque hay que reconocer que el esfuerzo en protección desplegado en el llamado "escudo social" es el más grande realizado en nuestra historia (sitúa bajo el mismo, según datos ministeriales, aproximadamente al 30% de la población activa), es necesario insistir en la necesidad de realizar un esfuerzo mayor para que nadie quede atrás y, sobre todo, para asegurar que España no queda rezagada en la salida de esta crisis.

Retos de cara a septiembre

UGT urge al Gobierno a afrontar cuestiones pendientes como las relacionadas con la necesidad de regular el Ley del Teletrabajo para poner fin a los abusos, la prolongación de los ERTE o las carencias de la educación a distancia en nuestro país y la brecha digital cuestiones que deben abordarse en el marco del Diálogo Social y con el máximo acuerdo posible.

El sindicato aboga por acelerar la reconstrucción económica y social para lograr una recuperación con garantías e impulsar políticas para encarar una recuperación digna, y con futuro. Y para ello, hay que aprovechar los Fondos Europeos para la reconstrucción para acometer transformaciones pendientes como el cambio de modelo productivo social y ambientalmente justo que priorice los sectores con valor añadido que generan empleo de calidad y con derechos, un gran Acuerdo por la Industria -que posibilite un desarrollo industrial amplio- y una transición justa que no deje a nadie atrás.

Además, la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de nuestro el Estado de Bienestar y la necesidad de potenciar unos Servicios Públicos fuertes que proporcionen a los ciudadanos los servicios que necesitan, pero para ello precisamos un sistema impositivo que distribuya la riqueza que se genera en nuestro país.