Un millón de hogares se encuentran en situación de pobreza severa

• En nuestro país, la crisis ha provocado que uno de cada cuatro hogares esté en riesgo de pobreza severa; que existan más de un millón de familias con todos sus miembros en paro y 33.000 personas sin hogar, muchas de ellas trabajadoras.

• Para UGT, la prioridad ahora es atender a los más desprotegidos por esta crisis. Es urgente una Renta Mínima ya, pues muchas de estas personas no tienen acceso a prestaciones, ningún ingreso y no pueden encontrar trabajo debido a la situación de confinamiento.

• El sindicato considera inadmisible que España sea uno de los países de Europa con menor gasto social, después de una política de recortes continuada por parte del PP. Es imprescindible impulsar las políticas públicas de protección social y que esta renta llegue a todas las personas que se encuentran en mayor grado de necesidad.

La Unión General de Trabajadores exige garantizar una Renta Mínima Vital o Ingreso Mínimo Vital de manera inmediata para atender la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y que están sufriendo más esta crisis del coronavirus. Por eso, exige acelerar el proceso de negociación y acuerdo, ya que la situación de las personas sin ingresos ha empeorado con la crisis actual y necesitan de manera urgente el acceso a una prestación. Cada día sin renta mínima es un día más en que las familias no tienen recursos para poder vivir.

UGT reivindica una renta mínima urgente, con un carácter dinámico e inclusivo, con la finalidad de que quienes ingresan en la misma, a través de medidas de fomento de empleo, puedan finalmente ingresar de nuevo en el mercado laboral.

Tiene que ser un ingreso mínimo garantizado, universal en todo el Estado y permanente en toda España, lo que significaría constituir un pilar más del Estado de Bienestar y un hito social desde el punto de vista de lucha contra la pobreza. La prestación deberá perdurar mientras persista la situación de vulnerabilidad familiar. La inserción es la clave para sacar a las personas de esa situación.

No dejar a nadie atrás

El sindicato recuerda que la crisis de la COVID-19 ha provocado cifras tan dramáticas como que haya un millón de desempleados más, de los cuales el 40% no cobra ninguna prestación; uno de cada cuatro hogares está en riesgo de pobreza o exclusión social; y que haya 700.000 hogares sin ningún ingreso, más de un millón de hogares con todos sus miembros en paro y 33.000 personas sin hogar. Para el sindicato, estas cifras son inadmisibles.

Desde el inicio de esta crisis, UGT ha insistido en reivindicar de manera constante la necesidad de extender de manera urgente la protección a todos los colectivos desfavorecidos, pues la cobertura de la protección por desempleo en nuestro país deja a muchos desempleados sin ingresos y la red social aprobada por el Gobierno, reivindicada por UGT y a pesar de su extensión, tampoco ha llegado a todas estas personas.

Para UGT, la Renta Mínima es una herramienta clave, que, si se consigue articular bien y logra alcanzar a todos los colectivos desfavorecidos, puede convertirse en el elemento determinante para que la salida de la crisis de nuestro país sea más rápida y sin que nuestra sociedad pague ninguna factura en términos de pobreza.

Con 700.000 hogares sin ningún ingreso, personas que, o bien no tienen prestaciones, o trabajaban en la economía sumergida y no pueden acceder a ningún tipo de ingreso, o no pueden encontrar ningún trabajo debido al confinamiento, esta renta mínima se hace imprescindible para garantizar su supervivencia.

Para ello, y con el fin de que alcance a todos los potenciales beneficiarios y beneficiarias, el papel coordinado de los tres niveles de Administraciones Públicas es fundamental. Las Administraciones tienen que poner todo de su parte para llegar a todos los grupos que se encuentran en mayor grado de exclusión.

Más allá de la crisis del COVID-19

Además de la exigencia específica de la Renta Mínima urgente debido al empeoramiento de la situación por la crisis, UGT lleva reivindicando desde hace años la necesidad de contar con una renta mínima en nuestro país, al igual que existe en los países del entorno europeo, y ayer precisamente se cumplieron cuatro años desde que presentáramos al Congreso de los Diputados una ILP de Prestación de Ingresos Mínimos avalada por más de 700.000 firmas. UGT recuerda que las políticas de austeridad del PP recortaron el gasto público social y multiplicaron la pobreza en nuestro país, hasta tal punto que hoy el gasto social en España es de los más bajos de Europa, muy por debajo de su desarrollo económico.

Para el sindicato, resulta urgente e imprescindible impulsar la protección social de las personas, más aún después de esta crisis, mediante una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social y un elemento de enorme importancia para reforzar nuestro Estado de Bienestar, con el que muchas personas podrían salir de los índices de pobreza severa que acucian a una parte importante de la ciudadanía.

Se trataría de un paso adelante, pero UGT reclama su posterior tramitación como ley en el Parlamento y no renuncia al debate de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Prestación de Ingresos Mínimos avalada por más de 700.000 firmas que presentó al Congreso de los Diputados hace cuatro años y que se encuentra desde entonces en tramitación.

Más ahorro y más inversión

El establecimiento de esta prestación estatal debería suponer, aparte del derecho subjetivo, igualitario y universal a un ingreso mínimo, un ahorro de los recursos que, de forma muy diferenciada destinaban a rentas mínimas las comunidades autónomas, lo cual libera recursos para reforzar ámbitos fundamentales de su actuación, como los servicios sociales, y no para reducir el gasto público y mantener necesidades insatisfechas.

El papel de comunidades autónomas y las entidades locales es fundamental para llegar a todas las personas que necesiten beneficiarse de esta medida, por lo que tenemos que instar a todas las Administraciones a que colaboren en ello con la máxima intensidad.

UGT plantea que, competencialmente, una renta mínima vital no debe plantear problemas en tanto que es una prestación de la Seguridad Social y derecho subjetivo igual en todo el Estado. Sin embargo, no se puede hurtar el papel que constitucionalmente les corresponde a las comunidades autónomas en dos ámbitos esenciales: la gestión material de la prestación y la posibilidad de complementarla con aportaciones reguladas y financiadas en cada autonomía. La claridad en el reconocimiento de este aspecto, así como el pacto político firme entre los dos niveles implicados de la Administración constituyen aspectos esenciales para el cierre con éxito y estabilidad de este enorme paso social.

► ILP "Prestación de Ingresos Mínimos"

► Infografía "La Rena Mínima Vital, una necesidad real"