No debe seguir externalizando servicios y tiene que apostar por modernizar sus organismos

► UGT exige al Gobierno invertir en los medios tecnológicos y los recursos humanos y materiales necesarios para que la Inspección y la Tesorería de la Seguridad Social luchen contra el fraude laboral. 

► Es inaplazable la modernización del sistema antifraude y que el Ejecutivo deje de externalizar servicios que corresponden a la Administración.

Ante la noticia publicada hoy acerca de la contratación de una consultora estratégica para el desarrollo de “trabajos de mantenimiento y desarrollo del modelo de lucha contra el fraude a la Seguridad Social en el ámbito de la Tesorería General de la Seguridad Social” UGT reseña lo siguiente:

• Lamentamos profundamente enterarnos, una vez más, a través de los medios de comunicación de un asunto de tal trascendencia para los intereses de las personas trabajadoras. Es imprescindible que las organizaciones sindicales conozcan de antemano los proyectos y programas que pretenden reducir y combatir el fraude en nuestro país.

• La contratación de una consultora estratégica (que se viene realizando desde 2017 con el Gobierno del PP) para la aportación no solo del soporte tecnológico necesario para el manejo y combinación de datos, sino para su disposición por los organismos encargados de la ejecución de la política contra el fraude, supone un parche inadmisible y una renuncia por parte de la Administración General del Estado a su obligación de innovación, en un momento en que la necesidad de digitalización de la Administración es indispensable.

• De la lectura de la documentación técnica, se deduce que la consultoría abarca aspectos más genéricos como “la concienciación social” frente al fraude cuya adjudicación a una consultora estratégica carece por completo de sentido.

• Se advierte la ausencia de una apuesta por la potenciación de la inversión en recursos propios en la Administración en un ámbito tan sensible y necesario como es el fraude a la Seguridad Social, que abarca actuaciones de otros organismos como principalmente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y colateralmente la Inspección de Hacienda.

• Desde UGT se considera imprescindible un cambio de sesgo en la política antifraude que ponga el punto de atención en la modernización y adquisición de recursos propios que determinen una línea política seria y planificada.