La nueva comunicación de Glovo a sus repartidores y repartidoras no se ajusta a la legalidad. Desde UGT iniciaremos todas las medidas legales necesarias para hacer valer la resolución del Tribunal Supremo y la ley 9/2021, más conocida como ley Rider.

El comportamiento irresponsable de Glovo busca ganar tiempo para forzar nuevos procesos judiciales que, de todos modos, tendrán el mismo resultado que los anteriores: el reconocimiento de la relación laboral y la penalización por defraudar a la Seguridad Social. 

Ahora exigiremos responsabilidades al Comité de Dirección de la empresa por insistir en una deriva ilegal, aun sabiendo que su “nuevo modelo inédito de autónomo en España” no es más que otra forma de seguir engañando a miles de personas repartidoras, lo cual debe de tener consecuencias penales. 

Con este modelo no se refuerza el trabajo autónomo, todo lo contrario, se refuerza la precariedad y el abuso hasta extremos no conocidos en democracia, se refuerza la competencia salvaje entre los repartidores que subastan a la baja su trabajo. Y lo más grave es que se quiere hacer a la vista de todo el mundo y argumentando que se está cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo.

El plan B de Glovo no puede ser admitido por la Administración y su temeridad para saltarse constantemente la ley debe llegar hasta las últimas consecuencias legales. 

Por todo ello, desde UGT, después de este nuevo intento de saltarse la ley, invitamos a penalizar el consumo a este tipo de empresas. 
Por último, después del anuncio público de Glovo, el Ministerio de Trabajo no puede quedarse quieto, debe tomar la iniciativa y exigir el cumplimiento de la ley.