Sin derecho de huelga no hay democracia ni Estado social

• Dicho artículo, de larga vigencia, no había sido aplicado prácticamente nunca durante más de 15 años, hasta la llegada de los Gobiernos del PP a partir del año 2012, en que se produjo un cambio interpretativo propiciado de forma generalizada por la Fiscalía para utilizarlo contra los sindicalistas que participan en piquetes​

• Cerca de 300 sindicalistas se vieron amenazados de cárcel por ejercer el derecho de huelga en defensa de los trabajadores y algunos de ellos entraron en prisión

El Congreso de los Diputados debate hoy una Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista solicitando la derogación del Art. 315.3 del Código Penal, en el que se tipifica penalmente el delito de coacción para la promoción de la huelga y que en la práctica ha venido siendo aplicado como una forma de persecución y criminalización del ejercicio del derecho de huelga por los sindicalistas.

Dicho artículo, de larga vigencia, no había sido aplicado prácticamente nunca durante más de 15 años, hasta la llegada de los Gobiernos del PP a partir del año 2012, en que se produjo un cambio interpretativo propiciado de forma generalizada por la Fiscalía para utilizarlo contra los sindicalistas que participan en piquetes, con petición de elevadas penas de hasta 5, 7 y 8 años de cárcel. Ahí están los casos de los miembros de la Federación de Hostelería de UGT, o los de Airbús, Arcelor, Baleares, y un largo etcétera. Cerca de 300 sindicalistas se vieron amenazados de cárcel por ejercer el derecho de huelga en defensa de los trabajadores y algunos de ellos entraron en prisión.

Un artículo para acallar protestas legítimas

La causa de ese cambio fue claramente política.  Los sucesivos recortes en derechos laborales y sociales llevados a cabo por Gobiernos de la derecha dieron lugar a una multitud de protestas, especialmente de los sindicatos, muchas veces en forma de convocatorias de huelgas generales y parciales. Y la reacción del Gobierno del PP frente a esas protestas fue forzar su represión, para disuadir e intimidar, bien con la Ley de Seguridad Ciudadana –la Ley Mordaza-, bien a través de una acción concertada con la Fiscalía y con los atestados de la policía, que buscaba criminalizar el derecho de huelga y los huelguistas y debilitar a los sindicatos.

Desde entonces UGT y el movimiento sindical de clase han venido exigiendo la derogación del Art. 315.3 del Código Penal, porque la huelga es un derecho fundamental, manifestación de la libertad sindical, que constituye un elemento esencial del pacto social europeo tras la segunda guerra mundial, que en España se encuentra plasmado en el artículo 28 de la Constitución.

UGT recuerda que la huelga es la máxima expresión democrática del conflicto social, cuando no se ha podido solucionar por la vía del diálogo. Sin derecho de huelga no hay democracia, ni Estado social. Por ello el Sindicato considera inexcusable la derogación del Art. 315.3 CP, y reclama a los grupos parlamentarios que apoyen su derogación.

Con la derogación de este artículo no acabamos con las leyes contrarias al sistema democrático que impiden el pleno ejercicio de las libertades, por eso es necesario que, de manera inmediata, se derogue la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza.