La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) considera que los requisitos de la Disposición transitoria quinta del reglamento que entrara en vigor el 20 de mayo son tan estrictos que solo permitirán el acceso a un número muy limitado de personas solicitantes de protección internacional y van a dejar en una situación de irregularidad legal para trabajar a muchas personas. Queremos destacar que esta disposición transitoria quinta del reglamento nunca fue informada ni puesta a consulta de los interlocutores sociales.

La petición de asilo da autorización para trabajar, hecho que es utilizado por muchas personas migrantes de países con conflictos internos. Con el actual reglamento, si la solicitud es denegatoria, el periodo trabajado cuenta para una futura solicitud de arraigo.

En el nuevo reglamento, si la solicitud es denegatoria, el tiempo pasado desde la solicitud no va a contar para el arraigo, empezando a contar los dos años necesarios desde el día de la denegación. El nuevo reglamento impide, además, explícitamente, el desistimiento de la solicitud de asilo.

Por otra parte, el establecimiento, en el nuevo reglamento, de un periodo extenso de seis meses de situación administrativa irregular para iniciar la regularización para las personas que tuvieran una denegación del asilo antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento romperá relaciones laborales iniciadas y consolidadas en el mercado de trabajo.

Queremos hacer notar que, dado que se trata de un proceso extraordinario tasado a un grupo de población concreto, debería, por una parte, permitir el acceso de aquellas personas que desistan de sus solicitudes de protección internacional, y por otra, ser lo menos lesivo para quienes están trabajando regularmente.  

Esta petición se ha hecho llegar reiteradamente al Gobierno en cada una de las reuniones de la Comisión Laboral Tripartita de la Inmigración desde que UGT tuvo conocimiento del borrador del proyecto de reglamento el pasado mes de diciembre, que incluye la disposición transitoria quinta que no conocíamos los interlocutores sociales.  El Gobierno debe encontrar una solución, pero las fechas de la entrada en vigor del reglamento son cada vez más cortas.

Desde UGT reiteramos nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos de las personas solicitantes de asilo y hacemos un llamamiento al Gobierno para que actúe con responsabilidad y sensibilidad, garantizando la protección y el derecho al trabajo de quienes han buscado refugio en nuestro país. La dignidad y los derechos humanos de todas las personas deben prevalecer sobre cualquier consideración administrativa.