La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha presentado este miércoles una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la exclusión de los interlocutores sociales en la decisión del Gobierno sobre la fiscalidad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la ausencia de un marco normativo estable y garantista lo que se ha explicitado en la forma en la que se ha llegado a un acuerdo “in extremis” entre los Ministerios de Hacienda y de Trabajo. 

UGT valora que, finalmente, el Gobierno haya alcanzado un acuerdo para que, en 2025, el SMI quede exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta medida evitará que las personas trabajadoras con ingresos más bajos vean mermada su renta neta. Sin embargo, el sindicato denuncia que este acuerdo ha sido adoptado sin oír a los sindicatos ni apertura de diálogo social, a pesar del requerimiento hecho en este sentido a las autoridades fiscales españolas, incumpliendo las obligaciones constitucionales, y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), de respeto a los interlocutores sociales.

Además, el sindicato advierte que el acuerdo no garantiza qué sucederá en ejercicios fiscales posteriores, ni aborda la necesaria reforma estructural sobre el tratamiento fiscal de los salarios, en especial en comparación con las rentas de capital.

En la queja presentada este miércoles, solicitamos al Defensor del Pueblo que inste al Gobierno a:

1.    Garantizar un marco jurídico estable que asegure la exención del IRPF para las rentas equivalentes al SMI mientras no alcance, al menos, el 60 % del salario medio conforme a la Carta Social Europea.
2.    Establecer un procedimiento institucionalizado de consulta y diálogo social para abordar cualquier decisión relativa al tratamiento fiscal de los salarios, del SMI y/o las rentas más bajas.
3.    Reformar la estructura del IRPF para evitar que las rentas salariales más bajas soporten tipos marginales excesivos y garantizar la progresividad fiscal establecida en el artículo 31 de la Constitución Española.
Desde UGT recordamos que la política fiscal debe ser un instrumento al servicio de la justicia social y la redistribución de la riqueza, y exigimos que el diálogo social y el respeto a los interlocutores sociales recogidos en el art. 7 de la Constitución sean elementos centrales en cualquier decisión que afecte a los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora.
 

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