El derecho a una vivienda digna es un derecho humano

UGT rechaza la actuación del Ayuntamiento de el Ejido que pretende desalojar a cerca de 300 personas, incluidos menores de edad, de las infraviviendas que están ocupando. El edicto que hace referencia al "riesgo fisico" que corren quienes la habitan, no se ha parado a pensar en qué va a suceder con estas familias tras el plazo de 72 horas que les han dado para desalojar sus viviendas.

Frente al argumento de que no cumplen los requisitos establecidos por la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se puede oponer que ésta se ocupa en los artículos 19 y 21 de las expropiaciones forzosas y que el artículo 5 de la misma ley señala que todos los ciudadanos tienen derecho a una disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible. Quizás ese es el problema, a quién se considera ciudadano y a quién no, ya que se trata de personas de nacionalidad extranjera, que en 72 horas se van a la calle literalmente, incluyendo los menores.

Se olvida que tenemos tratados internacionales ratificados por España, que protegen contra los desalojos forzosos, a todas las personas, con independencia de nacionalidad o situación administrativa, comenzando por la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, y terminando por la Convencion de derechos del niño y la Convencion contra la discriminación racial.

Por otra parte, asentamientos e infraviviendas en todo el territorio están ligados a la ausencia de políticas adecuadas por parte de las Administraciones. Para UGT es necesario disponer de un mapa de asentamientos e infraviviendas, con el fin de que estos desaparezcan del estudio de las causas que los generan y, obviamente, de que las Administraciones Públicas, antes de iniciar procedimientos como este, tengan previstas alternativas dignas.

La desaparición de infravivuendas no puede significar la absoluta desprotección de las personas que las habitan.