La embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia en España, Nardi Suxo, visitó ayer la sede de la Unión General de Trabajadores, donde mantuvo una reunión con el secretario de Política Internacional, Jesús Gallego. 

En la reunión se trataron diferentes temas políticos y laborales, así como asuntos relativos al trabajo conjunto sobre cooperación sindical al desarrollo,  aspecto donde será necesario sumar el compromiso del Gobierno de España. 

La embajadora Suxo aprovechó la reunión para expresar su agradecimiento por el apoyo brindado por UGT durante el periodo de exilio que tuvo que sufrir en Madrid debido a la persecución del gobierno golpista en Bolivia, entre finales de 2019 y 2020. 

Nardi Suxo también tuvo palabras de agradecimiento por la posición de denuncia permanente de UGT frente al golpe y su apoyo para la recuperación de la democracia en su país. 

Por su parte, Jesús Gallego trasladó a la embajadora  el apoyo de UGT al pueblo boliviano, sus organizaciones sindicales y a su democracia, recuperada democráticamente tras el violento golpe de estado que sectores políticos y económicos de derecha cometieron en noviembre de 2019, bajo el amparo de grupos policiales y del ejército boliviano. 

La embajadora Nardi Suxo transmitió el empeño que el gobierno democrático de Bolivia está haciendo para que todos los crímenes cometidos por los golpistas no queden impunes, a través del funcionamiento independiente de las instituciones bolivianas y con todas las garantías necesarias en los diferentes procedimientos judiciales.

A este respecto, UGT transmitió su preocupación y rechazo por la resolución del Parlamento Europeo, impulsada por la ultraderecha española, en la que se apoya directamente a dirigentes involucrados en el golpe de estado contra el gobierno de Evo Morales, al entender además que dicha resolución supone una grave falta de respeto a la soberanía de Bolivia, puesto que los hechos a los que se refieren están siendo investigados por la justicia de Bolivia. El Parlamento Europeo, así como todos los gobiernos e instituciones de la Unión Europea, que no estuvieron a la altura para condenar el golpe de estado en 2019,  deben ahora respetar la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia y apoyar la recuperación de la democracia.