El sindicato valora la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto-ley que prorroga hasta el 30 de junio la prohibición de cortar el suministro de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables y la posibilidad de ser beneficiarios del bono social eléctrico a los vulnerables económicamente por la COVID-19

De esta forma, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores reclama a Europa la mejora de la normativa en materia de energía, y al Gobierno de España que adopte medidas que ofrezcan soluciones a largo plazo, con una mayor inversión pública en el sector energético y la eficiencia, y diseñe políticas públicas eficaces, así como un modelo energético más justo, solidario y sostenible. Para el sindicato, resulta imprescindible seguir reforzando la protección de los consumidores vulnerables, asegurándoles el acceso a un bien básico como es la energía, con actuaciones que consigan reducir y eliminar la pobreza energética.

Las continuas subidas de los precios de la energía, y las situaciones económicas provocadas por la Covid-19 han tenido un gran impacto en la mayoría de los hogares y empresas, pero han afectado en mayor medida a los consumidores vulnerables. La escalada de precios deriva no solo de la ineficiente normativa europea en materia de energía, sino también del problema global que supone la compra de grandes cantidades de gas por parte de China o las recientes tensiones entre Europa y Rusia a raíz del conflicto de Ucrania.

Según datos del INE, correspondientes al año 2020, se ha incrementado la pobreza energética en España, respecto al año anterior. Tres de los cuatro indicadores oficiales que establece la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2019-2024 empeoraron, y solo uno presenta una ligera mejoría. De esta forma, la incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada creció del 7,6 al 10,9%; el retraso en el pago de las facturas, pasó del 6,6 al 9,6%; el gasto energético desproporcionado, que refleja el número de hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble que el de la media nacional, creció levemente del 16,7 al 16,8%; y la pobreza energética escondida, que es el porcentaje de hogares cuyo gasto de energía absoluto es inferior a la media nacional, pasó del 10,6 al 10,3%.

Las medidas adoptadas por el Gobierno durante la pandemia han servido para amortiguar los resultados, pero no han sido tan eficaces como se esperaba. Y posiblemente, los datos para la anualidad 2021 y parte del 2022 incrementarán dichos porcentajes.

Por ello, UGT celebra la aprobación del Real Decreto Ley 2/2022 que en la disposición final sexta, prorroga hasta el 30 de junio de 2022, dos medidas muy importantes cuya vigencia finalizaba el próximo 28 de febrero: la prohibición de los cortes de suministros (luz, agua y gas) a los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social, y la posibilidad de ser beneficiarios del bono social a los consumidores vulnerables económicamente, debido a la Covid-19 (ERTES, etc.), aunque considera que la primera medida no debería tener alcance temporal; y reclama a Europa y a España un mayor impulso de las políticas públicas para acabar con la pobreza energética.