Derecho humano a la verdad

La democracia española tiene una deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que es hacer efectivo el derecho a la verdad, según el secretario de Formación de UGT, Sebastián Pacheco. 
Durante su participación en la Jornada "Día Internacional del Derecho a la Verdad", celebrada este jueves en el Senado y organizada por la Plataforma Comisión de la Verdad, Pacheco ha afirmado que "queremos reivindicar un drecho humano, como es el derecho a la verdad, y hacernos eco de las recomendaciones de la ONU, especialmente las del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzosa e Involuntaria, que reconoce el desamparo legal de las víctimas del franquismo e insta al Gobierno a cumplir con su obligación de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, para lo que recomienda la creación de una comisión de la verdad". 
Para eso, según Pacheco, es necesario hacer efectivo el derecho a la información, que en este caso implica "el acceso a los archivos del franquismo, que son parte de la memoria colectiva, y por ello, instrumentos obligados de  conocimiento de la verdad, que tienen que servir para hacer justicia". 

La única vía tras la sentencia del Supremo

Las organizaciones de víctimas del franquismo plantearon denuncias ante la Audiencia Nacional en 2006, dando lugar a las diligencias previas 399/2006 del Juzgado Central de Instrucción número 5. En esta causa se personó UGT. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012 dictada en la causa contra el juez Baltasar Garzón, estableció que no cabe investigar penalmente los crímenes del franquismo al entender que los delitos están amnistiados y han prescrito. 
Al desamparo jurídico de las víctimas se sumó, con posterioridad, la decisión de los Gobierno del PP de eliminar la financiación establecida por la ley de Memoria Histórica para ayudar a las asociaciones a la localización y levantamientos de las fosas de víctimas. 
El único camino, por tanto, para las asociaciones ha sido la constitución de una Plataforma por la Comisión de la Verdad, que tiene reconocimiento en el derecho internacional, y es el último intento de establecer una verdad democráticamente aceptada por la mayoría de la sociedad.