El 3 de mayo se celebra el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una conmemoración que se celebra en nuestro país desde 2019, coincidiendo con el día en que se ratificó dicha convención en 2007. Un hecho con una especial relevancia pues se reconoce un instrumento jurídico, por el que la discapacidad pasa a ser una cuestión de derechos humanos, y se obliga a los Estados a que lo ratifiquen, adaptando su ordenamiento jurídico para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

Si bien la legislación española, en el momento de la ratificación de esta Convención, era de las más avanzadas, ha sido necesario ir realizando ajustes normativos para cumplir con lo establecido en esta Convención. Así, aunque existen mecanismos legales, en la práctica la inclusión de las personas con discapacidad no está exenta de trabas que impiden el disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. 

Los últimos avances han venido con la nueva Ley de Empleo, a través de la cual se ha recuperado la pasarela que permite a las personas trabajadoras con una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez acceder al mercado de trabajo, con la consideración automática de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Esto facilitará el acceso y el mantenimiento en el empleo y evitará su expulsión. Una de las reivindicaciones que hizo UGT al Gobierno. 

Otro de los avances fundamentales, que se han producido recientemente, es la regulación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del público, a través, del Real Decreto 193/2023, que viene a desarrollar el principio regulador de la accesibilidad universal, reconocida en la Convención. De esta forma se da respuesta a otra de las demandas del sindicato de asegurar la accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad, en todos los ámbitos de la vida en comunidad, y en igualdad de condiciones que las demás personas.

El objetivo de UGT es lograr la inclusión laboral de las personas trabajadoras con discapacidad, promoviendo el empleo ordinario, su permanencia en el mismo, junto con su promoción, y desarrollo profesional y social. Desde el sindicato se reclama, además, la adaptación de los puestos y lugares de trabajo, incluidos los horarios y la organización del trabajo, a las características individuales de las personas con alguna discapacidad, junto con la implantación de planes de accesibilidad para eliminar las barreras tanto de las propias instalaciones, como de los medios tecnológicos y de comunicación.

Para avanzar en la igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad, se deben conseguir entornos plenamente accesibles. Es fundamental, la implantación e implementación efectiva de la accesibilidad universal, tanto de los bienes y servicios, como el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible y unos entornos laborales adecuados.

Este año, que se enmarca en un importante periodo electoral, y de forma inminente en las próximas elecciones autonómicas y municipales, UGT quiere recordar el gran logro social que supuso, en 2018, garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. A través de la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, que modificó la ley de régimen electoral general, eliminando la restricción del derecho a votar, a las personas con una discapacidad intelectual, para poder disfrutar y hacer uso de este derecho. Además, esta modificación no sólo está en consonancia con lo establecido en el art. 14 de la CE que proclama la igualdad ante la ley, sino que también se adecua a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que recoge ese derecho constitucional fundamental. 

El sindicato, hace un llamamiento a los partidos políticos para que incluyan en sus programas electorales políticas sociales que den respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad, y que hagan efectivo el ejercicio de sus derechos sociales y laborales.