El sindicato valora las medidas aprobadas en Consejo de Ministros, pero las considera insuficientes

•    El Gobierno tiene más margen dentro del mercado eléctrico para tomar medidas eficaces, ambiciosas y suficientes que reduzcan el precio de la luz, que afecta, en mayor medida, a los hogares más vulnerables.

•    UGT propone la creación de una empresa pública de la energía que regule el sistema eléctrico, como sucede en países de nuestro entorno como Francia o Italia. 

•    Es imprescindible modificar el bono social, ampliando su cobertura, y actuar sobre una revisión de la fiscalidad en materia de energía. 

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores valora las medidas aprobadas en el día de hoy por el Consejo de Ministros en materia energética, con el objetivo de abaratar el precio de la luz, pero aún resultan insuficientes ante el extremado repunte de los precios de la electricidad que estamos sufriendo durante los últimos meses.

El sindicato considera que el Gobierno tiene margen suficiente dentro del mercado eléctrico para adoptar un plan de choque más profundo en esta materia, por lo que resulta urgente que actúe de una vez ante esta grave lacra social, e implemente más medidas que amortiguen el impacto social de la crisis y mantengan activo el escudo social ante estos abusos. 

En este sentido, el sindicato reclama al Ejecutivo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que aceleren la toma de medidas eficaces, ambiciosas y suficientes que reduzcan el precio de la electricidad y aliviar así la situación de los hogares, especialmente los más vulnerables.
Es una prioridad actuar en el sistema eléctrico, porque sin medidas adicionales la factura de 2021 será la más cara de la historia, y tendrá especial incidencia en las economías más vulnerables, que verán cómo su factura energética crece, especialmente ahora que se acerca el invierno. Además, esta situación afecta también a la salud de las personas que están conectadas a una máquina para poder sobrevivir, ya que su vida depende de esa energía; a la mayoría de las personas mayores, que tienen pensiones más bajas, viviendas y electrodomésticos menos eficientes y que consumen más, una salud más débil y menos formación en materia energética.

Para UGT, es imprescindible amortiguar el impacto en el recibo eléctrico por el encarecimiento del mercado eléctrico mayorista. Que el coste de la electricidad no impacte de lleno en la economía de los hogares y menos aún en la economía de los hogares más vulnerables.

Además, hay que garantizar el cumplimiento de la normativa europea sobre el sector eléctrico, protección de los consumidores y cláusulas abusivas, de manera que el precio semirregulado (PVPC) sea conocido con una antelación suficiente que permita compararlo con otras ofertas. 

Modificar el bono social

Para UGT, el bono social eléctrico y térmico, tal y como está regulado actualmente, no llega a todas las personas que lo necesitan ni cubren las necesidades de los que los perciben. Los requisitos para ser beneficiarios solo llegan a aquellos que sufren la pobreza extrema. Y la cobertura para aquellos que lo perciben, es un descuento del 25% o 40%, según sea vulnerables o vulnerables severos, pero se aplica sobre el consumo y no sobre la factura. Con ello, muchos hogares con dificultades económicas, tendrán que reducir su consumo por no poder pagar la factura. 

En este sentido, el sindicato considera necesario modificar el bono social eléctrico y térmico para que las familias más afectadas por la subida del precio de la luz puedan afrontar los gastos; analizar si las categorías previamente establecidas en el año 2017 de consumidor vulnerable se corresponden realmente con quienes más lo necesitan; aplicar los descuentos sobre el total de la factura; y eliminar que todas las familias numerosas, sin tener en cuenta su renta se beneficien del bono social. Todo ello para dar cobertura a los que más lo necesitan.

El sindicato valora la creación del suministro mínimo vital, que persigue garantizar que no se corte ese suministro mínimo de energía para quienes pueden beneficiarse del Bono Social Eléctrico y que tienen un contrato, pero también para aquellas que no lo tienen (por ejemplo, porque en su vivienda están subarrendados) y que ya reciben el IMV. 

Es imprescindible una revisión de la fiscalidad energética

Para UGT, también es imprescindible acometer una reforma fiscal de la energía. Valoramos que el Gobierno rebaje el impuesto eléctrico hasta el límite mínimo permitido por la regulación europea (del 5,11% al 0,5%), pero hay que revisar la fiscalidad energética eliminando, por ejemplo, el impuesto eléctrico, un impuesto anacrónico que tuvo su origen en las ayudas al carbón y que, a pesar de que hace tiempo desapareció su "primitiva" función, se ha convertido en una forma fácil de recaudación a través de la factura.

Además, es necesario modificar de forma permanente la reducción del IVA del 21 al 10%, medida que supondrá una disminución de la recaudación que debe ser complementada con el incremento de los impuestos directos a las rentas más altas y a las empresas que obtienen mayores beneficios. 

Aunque no es suficiente con una reforma fiscal, el Gobierno tiene que diseñar un plan que incida sobre los beneficios que generan las empresas, y no solo sobre los impuestos que pagan las eléctricas y repercuten a los consumidores. Hay que poner límites a los infladísimos precios que aplican las compañías eléctricas, que han ganado cerca de dos mil millones de euros netos en el primer trimestre del año 2021.

Afrontar el cambio climático desde el punto de vista de la energía

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores señala que, aunque el esfuerzo es colosal, es imprescindible seguir apostando por la transición energética. Para ello, el sindicato propone crear lo antes posible la Comisión Parlamentaria que ha anunciado el Gobierno, con el fin de estudiar la situación y adoptar medidas adecuadas y rápidas.

En este sentido, UGT considera fundamental la creación de una empresa pública de la energía que regule un sistema de precios justos y sostenibles. Además, es necesaria una Estrategia de lucha contra la pobreza energética más amplia; un Plan de Vivienda, que renueve viviendas y edificios, para incrementar la eficiencia energética; y un nuevo modelo energético más sostenible, justo, equitativo, democrático y ciudadano.

Y la creación de un índice de pobreza energética europeo, que permita evaluar la realidad social de este fenómeno, ya que la actual Estrategia Nacional contra la pobreza energética 2019-2024, solo establece cuatro indicadores, que obtienen porcentajes distintos dependiendo del indicador que se evalúe.