La pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestro modelo de servicios sociales 

► Demandamos un sistema público garantista, que vaya más allá del concepto asistencialista y hable de derechos subjetivos, con especial protección de las personas más vulnerables. 

► Exigimos una Ley Estatal de Servicios Sociales, en la que, respetando la competencia autonómica, se establezcan los principios para garantizar una protección social universal, de derechos subjetivos, y de calidad de los servicios sociales.

► Reclamamos la necesidad de apostar por la gestión pública de los servicios sociales como una prioridad y un aumento de la inversión financiera para dotarles de medios económicos y profesionales suficientes.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores reclama la necesidad de configurar un Sistema Público de Servicios Sociales de calidad y con derechos, atendidos por profesionales del sector, garantizando una cobertura universal que ofrezca una respuesta eficaz a los retos y cambios sociales, demográficos y económicos. Para ello, debemos superar el modelo asistencial por un nuevo ámbito de protección social basado en sistema de derechos sociales. Es decir, es imprescindible extender derechos universales a las personas; con garantía de equidad, eficiencia y  suficiencia en el acceso a las prestaciones y servicios.

Un nuevo marco que vaya más allá del concepto asistencialista para pasar a hablar de derechos, derechos universales para toda la ciudadanía con especial incidencia de aquellas personas que más los necesitan, las personas más vulnerables de la sociedad. No cabe duda que el concepto de derechos sociales está ligado intrínsecamente al concepto de derechos humanos, por tanto, son los Estados los que deben ofrecer a los ciudadanos garantías para que estos derechos se vean satisfechos.

En este sentido, el sindicato considera fundamental configurar un Sistema Público de Servicios Sociales respetuoso con un Estado de Autonomías, como avance fundamental de la protección social que, pese a estar reconocido constitucionalmente, aún no está desarrollado política, institucional y económicamente. 

Si queremos avanzar en la cohesión y en el compromiso social, se debe desarrollar de un nuevo modelo de bienestar social que instaure un ámbito de protección de derechos sociales, basados en los principios de igualdad y universalidad.

La pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades de nuestros Servicios Sociales

UGT señala, que la experiencia vivida durante la pandemia ha alertado del riesgo evidente que puede suponer un deficiente funcionamiento del sistema de servicios sociales a la hora de dar cobertura a las necesidades más básicas de la población, como la alimentación, el alojamiento, la protección de las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas sin hogar, las personas en situación de dependencia, la población en riesgo de pobreza o exclusión social, en definitiva, la población más vulnerable.  

Se ha producido un gran impacto social, especialmente en estos grupos, tanto a la hora de obtener los recursos más básicos, como en la atención y cuidados. En un escenario de supresión de algunos servicios sociales y, cierre de establecimientos como los centros día, centros de atención a las personas con discapacidad, es donde debe garantizarse la atención domiciliaria adecuada y pública.

Si a lo largo de los últimos años, hemos asistido a un proceso de empobrecimiento de la población, el impacto de la Covid-19 en España podría dejar a más de 790.000 personas en situación de pobreza severa, hasta alcanzar más de 5,1 millones de personas. Una cifra que supone un importante aumento, pasando del 9,2% antes del coronavirus hasta el 10,86%. Las personas en esta situación son obligadas a vivir con ingresos extraordinariamente bajos o sin ellos; viven en hogares cuyos ingresos son inferiores al a 5.914 €/año; lo que supone de disponer de 492 €/mes, es decir, 16,4 €/día. Respecto a la tasa de pobreza relativa, cuya cifra supone vivir con 24 euros al día, se incrementaría de forma sustancial ascendiendo del 20,7% al 22,9%, alcanzando los 10,9 millones de personas.

Las cifras son contundentes, el incremento de familias sin ingresos que recoge la EPA creció bastante, según el INE. En el cuarto trimestre de 2020, había 609.900 hogares sin ningún perceptor de ingresos, la cifra más alta desde 2016. Si comparamos los datos del cuarto trimestre del año 2019, vemos como la cifra se situaba en 565.300 hogares con todos sus miembros en paro. 

La crisis del COVID-19 se ha visto alimentada por el agravamiento de la pobreza, el aumento de las desigualdades, la discriminación estructural y arraigada y otras brechas en la protección de los derechos humanos, cuya salida será muy difícil si no se realizan políticas contundentes y específicas que protejan a las personas más vulnerables.

La falta de desarrollo y universalización de las políticas sociales ha levantado un sesgo importante en la ciudadanía, siendo precisamente las personas más vulnerables las que han recibido el mayor varapalo. Si esta crisis ha puesto algo de manifiesto, ha sido precisamente la debilidad de nuestro sistema de servicios sociales; situación que desde UGT llevamos tiempo denunciando, a la vez que reivindicando, tanto el desarrollo como el fortalecimiento del sistema público de servicios sociales. 

Defender unos Servicios Sociales como pilar del Estado de Bienestar 

UGT recuerda que el sistema de Servicios Sociales se constituye como el cuarto pilar del Estado de Bienestar y está integrado por un conjunto de servicios y prestaciones, recogidos en distintas leyes autonómicas. Los recortes sufridos tanto económicos como de profesionales, han mantenido un endémico sistema de protección social incluso cuando los servicios sociales están desbordados atendiendo a la población que más lo necesita. Esta política de austeridad ha supuesto el detrimento en la calidad y la cobertura del catálogo servicios sociales públicos; afectando a su acceso, duración y disponibilidad.

El Estado debe promover el bienestar social de todas las personas, y en particular cuando encuentran obstáculos en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos y sociales. Para ello, debe desarrollarse nuevo modelo de bienestar social:

1) universal y suficiente, que nos permita afrontar las nuevas situaciones de pobreza y la falta de empleo, especialmente de los más vulnerables. 

2) integrador e inclusivo que garantice el reconocimiento de derechos sociales y que hagan efectiva la plena integración social y laboral de la ciudadanía.

3) garante de unas prestaciones mínimas suficientes para las personas que no tienen recursos suficientes. 

4) moderno y avanzado que garantice el derecho a la prevención, atención y cobertura de las necesidades más básicas de las personas. 

Para ello, UGT considera imprescindible: 

a) Reivindicar una Ley Marco de Servicios Sociales, en la que, respetando la competencia autonómica, se establezcan los principios para garantizar una protección social universal, de derechos subjetivos, y de calidad de los servicios sociales.

b) Exigir un empleo de calidad para los profesionales del sector y un sistema de servicios sociales sólido y de responsabilidad pública.

c) Apostar por la gestión pública de los servicios sociales como una prioridad, siendo la iniciativa privada subsidiaria y complementaria.

d) Demandar el aumento de la inversión económica para dotarles de medios económicos y profesionales suficientes, y fortalecer el catálogo de servicios de atención primaria. 

e) Apostar por una coordinación sociosanitaria.

f) Resolver la inconclusa coordinación entre los servicios públicos de empleo y los servicios sociales, mediante el diseño de itinerarios de inserción sociolaboral para las personas con mayor vulnerabilidad social.

g) El desarrollo de una coordinación más estrecha entre políticas activas de empleo y políticas de integración social.