Durante el día de hoy, y con motivo del 25 aniversario de la entrada en vigor del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea (CSE) por el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas en 1998, el Departamento de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha acogido una jornada para debatir sobre la protección efectiva de los derechos sociales en el espacio europeo en el que han participado diferentes miembros de nuestro sindicato.

El objetivo de esta jornada ha sido aumentar la concienciación y la comprensión del funcionamiento y la importancia del procedimiento de reclamación colectiva como herramienta de buena gobernanza. 

Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical, ha hecho referencia a que “el control de cumplimiento de las disposiciones de la CSE ha dado un gran paso con la ratificación del Protocolo de Reclamaciones colectivas, el cual permite la denuncia de cuestiones concretas sobre incumplimientos, lo que unido al sistema de presentación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) por parte de las organizaciones sindicales, ha permitido mejorar significativamente la protección de los derechos recogidos en la Carta”.

Asimismo, ha incidido especialmente en la reclamación colectiva que realizó la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores al Reino de España por los bajos costes de despido en nuestro país. Este procedimiento, incoado ante el CEDS en 2022, denuncia la violación del artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada por parte del Estado español, demandando el incremento del importe actual de las compensaciones por cese improcedente y la exigencia de considerar las circunstancias de cada persona al ser despedida, exigiendo, de acuerdo a la Carta Social Europea Revisada, tratado de obligado cumplimiento en nuestro país de acuerdo con la propia Constitución Española, que la indemnización por despido injustificado sea verdaderamente disuasoria para evitar que se repitan situaciones injustas y que, además, resarza a la persona trabajadora de los perjuicios sufridos por una decisión empresarial injusta. 

Finalmente, ha destacado el trabajo realizado por el sindicato para que se llevara a cabo la ratificación y entrada en vigor de la Carta Social revisada, la cual ha ampliado notablemente el catálogo de derechos sociolaborales que deben ser observados por parte del Consejo de Europa, haciendo que estos sean de aplicación directa.

Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Europeas, por su parte, ha aludido a que la UGT, mostrando su total compromiso con la defensa los derechos recogidos en la CSE, lleva más de una década presentando alegaciones a los informes que se presentan al CEDS en algunas cuestiones relacionadas con la jornada laboral, las vacaciones, los salarios, la negociación colectiva o la seguridad y salud en el trabajo. Destacando el trabajo realizado por el sindicato para que se llevara a cabo la ratificación y entrada en vigor de la Carta Social revisada -un proceso que se inició en 2020 y que se culminó en 2022- la cual ha ampliado notablemente el catálogo de derechos sociolaborales que deben ser observados por parte del Consejo de Europa, haciendo que estos sean de aplicación directa.

Para finalizar, ambos han exigido a los Estados miembros del Consejo de Europa que aún no han aceptado el procedimiento de denuncia reclamación colectiva, para que sigan el ejemplo de los 16 países que sí lo hicieron, de para contribuir a la creación de un espacio jurídico más protector de los derechos sociolaborales recogidos en los tratados europeos.