Una jornada en la que ha recordado que, según datos del Gobierno, “un total de 52 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, superando ya la cifra de todo 2022, y ya van 1.237 mujeres asesinadas desde 2003; en 2023, 1 menor ha sido asesinado, y otro caso más reciente se encuentra en investigación, y ya son 50 los menores asesinados desde 2003, en su mayoría, por su propio padre bilógico; y en lo que va de año, hasta el 8 de noviembre, 51 menores se han quedado huérfanos y huérfanas, 428 desde 2003”.

En este sentido, ha considerado la necesidad de “seguir abanderando las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, legislar con perspectiva de género y sensibilizar al conjunto de la población contra las violencias machistas en todos los ámbitos y, de forma específica, en el mundo laboral”. 

Para Cristina Antoñanzas, las violencias contra las mujeres “suponen la mayor vulneración de derechos humanos y el atropello de derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, además de ser una expresión extrema de la desigualdad de género, incompatible con el Estado de Derecho en una sociedad democrática y los valores fundamentales de igualdad, libertad y justicia social”. 

Violencias que “constituyen un problema político y social de primer orden que requiere de la actuación decidida de los poderes públicos, con los recursos necesarios para dar respuesta institucional a un problema de esta magnitud, y de la actuación comprometida y solidaria de todos los estamentos de nuestra sociedad”. 

Más necesario que nunca

Todo ello “necesario en un momento como el actual, en el que nos enfrentamos a una situación alarmante por el incremento de víctimas asesinadas por parejas y exparejas, por el notable aumento en los últimos años de la violencia sexual perpetrada por menores, por la tendencia creciente de agresiones sexuales en grupo y la utilización de la sumisión química, y la rápida intensificación de las nuevas formas de violencia que afloran cada vez con mayor fuerza, como las llevadas a cabo a través de las TIC”.

En un contexto “de expansión de los discursos negacionistas, llevados a cabo fundamentalmente por la ultraderecha, y lo que es más grave, desde las instituciones públicas en las que gobiernan, y que contribuyen a la normalización de la violencia contra las mujeres, al refuerzo de las conductas y patrones violentos machistas, y en definitiva a extender un clima de tolerancia e impunidad frente a la misma, poniendo en peligro los avances alcanzados, cuestionando las políticas públicas contra las violencias machistas y la educación en igualdad”.

Aplicar el Convenio 190 de la OIT

Por ello, ha instado al Gobierno a “desarrollar, a través del Diálogo Social, los instrumentos legales necesarios para la aplicación adecuada del Convenio 190 de la OIT, para hacer efectiva la equiparación de derechos sociolaborales y económicos entre las víctimas de violencia sexual y de violencia de género, para que se recojan y sistematicen en las estadísticas oficiales los datos sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo, y a que se realice una revisión y refuerzo de las políticas activas de empleo para todas las mujeres víctimas violencias machistas”.

En este sentido, ha recordado que UGT “viene realizando formación y sensibilización frente a la violencia machista, y más específicamente dirigidas a nuestros delegados y delgadas sindicales y a las plantillas en los centros de trabajo, negociamos y aplicamos los protocolos de acoso sexual y acoso sexista previstos en la legislación, así como los planes de igualdad y medidas de acción positiva, y colaboramos permanentemente con las Administraciones públicas y asociaciones de mujeres con el fin de erradicar la violencia contra las mujeres y asesoramos a las víctimas”.