►UGT valora la convalidación, en el Congreso de los Diputados, del Real Decreto Ley sobre medidas urgentes para el desarrollo de un Pacto de Estado contra la violencia de género, pues no hay un minuto que perder en la lucha contra esta lacra.
 

 

UGT valora que el Congreso haya convalidado el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, que permitirá abordar algunas de las cuestiones más importantes en la lucha contra esta lacra que, en lo que va de año, ya se ha cobrado la vida de 34 mujeres y dejado 20 menores huérfanos. La urgencia de esta cuestión, hacía necesario el compromiso firme de todos los grupos parlamentarios en la puesta en marcha de estas medidas.

 

El sindicato también valora que el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género se vaya a tramitar a través de un Proyecto de Ley, pues permitirá incluir todas aquellas referidas al ámbito laboral, que aún no se han puesto en marcha.

 

 

El sindicato  insta al Gobierno a sentarse a negociar lo antes posible con los interlocutores sociales medidas como: la formación y la sensibilización de los responsables de RRHH y de los representantes sindicales en esta materia; establecer con carácter preceptivo la inscripción registral o el depósito de los planes de igualdad; exigir la implantación de medidas y protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en las empresas y mejorar la regulación de los derechos de las trabajadoras víctimas de violencia de género; potenciar el Programa de Inserción Laboral de las víctimas de violencia de género, que incluye su evaluación y control a través de la Comisión de Seguimiento que no emite informe desde el año 2013.

 

Asimismo, UGT demanda, también, la puesta en marcha de todas las medidas dirigidas a mejorar la situación laboral de las funcionarias víctimas de violencia de género, difundiendo el protocolo de movilidad, desarrollando reglamentariamente las Unidades de Igualdad de las diferentes Administraciones Públicas o promoviendo el establecimiento de cuotas de reserva en los contratos programa para las víctimas de violencia de género que cumplan los requisitos establecidos para ello.