Aprobada en el Consejo de Ministros, es una muestra de compromiso con la defensa y protección de los derechos sociales

La Unión General de Trabajadores valora la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de ratificar la Carta Social Europea como muestra de compromiso con la defensa y protección de los derechos sociales, y que supone no solo un logro para la ciudadanía, sino un acto de coherencia con la Constitución Española que, inexplicablemente, ha sido retrasado durante demasiados años.

Esta ratificación supone que España obedece a su propia Carta Magna y a lo que afirma en el Artículo I de su Título Preliminar, que define a la nación como “un Estado social y democrático de Derecho”. No es esta una cuestión baladí: cabe recordar que muchos líderes políticos definen a nuestro país como un Estado liberal, olvidándose del espíritu y el texto constitucional que habla única y exclusivamente de Estado social y democrático de Derecho.

La Carta Social Europea es la herramienta más avanzada de reconocimiento de los derechos sociales en Europa desde los años 70, y proporciona protección de los derechos sociales, suponiendo un instrumento legal que sirve de freno a los efectos de políticas liberales que tanto han masacrado el Estado de Bienestar construido después de la Segunda Guerra Mundial. Sus objetivos son el pleno empleo, la seguridad y la estabilidad en el trabajo, aunque también habla de vivienda, protección social, educación o salud, y dedica especial protección a las personas más vulnerables, por lo que, a juicio de UGT, la ratificación también significa poder apoderarse de los instrumentos que construyen y protegen a las y los ciudadanos en una Europa que, olvidándose de sus principios fundacionales, es cada vez más mercantil y menos social.

Para UGT la ratificación inmediata de la Carta es inexcusable y urgente, no sólo por el injustificable retraso y déficit democrático que su no ratificación ha supuesto, sino para que los derechos sociales que contiene sean de aplicación directa, se integren en el ordenamiento jurídico español y sean cumplidos como las leyes de nuestro país.

Modificaciones y revisiones de la Carta

En 1995 se adoptó en el Consejo de Europa un protocolo adicional a la Carta que modifica el sistema de reclamaciones colectivas en caso de violación de derechos sociales. En 1996 se aprobó una revisión que la actualiza y adapta su contenido, especialmente en lo referido a derechos relativos a la protección de las y los trabajadores en caso de despido. El contenido de la revisión de la Carta de 1996 entra en contradicción con la reducción de derechos sociales que han sufrido la ciudadanía española producto de las políticas de austeridad excusadas con la crisis económica y financiera.

Aunque España firmó la Carta en el año 2000, los distintos gobiernos españoles en estos últimos años se han resistido a su ratificación, justificándose en que esto supondría someterse a un sistema de control supranacional que implica sanciones automáticas. Este argumento, que UGT considera cerril y turbio, entra en contradicción con el propio espíritu de la construcción europea y la cohesión social que tan beneficioso ha demostrado ser para el conjunto de la clase trabajadora, el progreso social y económico, la paz y la democratización del continente.

El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano que examina el grado de cumplimiento de la Carta por parte de los países, ha criticado en repetidas ocasiones a España por no cumplir lo reflejado en el articulado. España es condenada sistemáticamente por vulnerar los principios básicos. En este apartado pueden mencionarse alguno de los efectos de los recortes que el Real Decreto Ley 16/2012 produjo en materia sanitaria, la vulneración del artículo 7.10 que alerta contra la ausencia y/o insuficiente protección para menores víctimas de trata de seres humanos y para hijos/as de víctimas de trata, o el artículo 19.2, que prevé en el caso de emigración al exterior la obligación de proporcionar la atención médica necesaria, ambos denunciados por UGT, además de otros en materia de protección social de las empleadas de hogar, limitaciones en el acceso al derecho a vivienda, educación, etc.

Por todo ello, UGT se felicita de la decisión adoptada hoy por el Consejo de Ministros y pide al Parlamento que vote favorablemente esta ratificación. No sólo por compromiso social o por obligatoriedad moral y política (que también), sino por puro respeto a la Constitución Española y a un proyecto europeo en riesgo certero de acabar tocado de muerte.

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