El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, destinar 2.803.847.030 euros a la gestión territorial dependiente de las comunidades autónomas en materia de Políticas Activas de Empleo

Supone la mayor dotación económica para estas políticas en la historia. Esta cantidad está financiada fundamentalmente por 2.571.961.030 euros a cargo del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). A estos fondos se unen otros 231.886.000 euros aportados por el presupuesto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La distribución territorial definitiva de estos fondos tendrá que ser aprobada en la LXXXII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se celebrará en las próximas semanas. Estas actuaciones estarán diseñadas para combatir el paro, especialmente el de larga duración, y mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras.

Recibimos positivamente esta noticia, dado que estas han sido reivindicaciones históricas por parte de UGT, algunas aportadas en las enmiendas presentadas a la Ley de Empleo, ya que sabemos que solo una bajísima proporción de las personas desempleadas reciben cada año los servicios de empleo que resultan imprescindibles para mejorar sus oportunidades de escapar del desempleo y reingresar al mercado laboral. Y esa proporción es igualmente muy baja entre las personas paradas de larga duración, lo que resulta aún mucho más grave porque impide la reducción del paro estructural y consolida y petrifica la marginación laboral.

Es una evidencia que, aunque el desempleo se reduzca por el aumento de la actividad económica, permanece –si no se incrementa- la proporción de paro de larga duración. Los servicios para el empleo deben ser, tal y como lo hemos ido reclamando, la pieza primordial que debería sustentar todo el sistema de las Políticas Activas de Empleo.

Otra de las cuestiones que venimos reclamando reiteradamente es que los Servicios Públicos de Empleo no han dispuesto de un número suficiente (que constituya una red verdaderamente adecuada) de Orientadores; las personas desempleadas se encuentran sin el amparo de unas imprescindibles políticas públicas de empleo eficaces y no mejoran sus oportunidades. Estamos esperanzados que, las inauguraciones de los Centros de Orientación y Emprendimiento en cada una de las CCAA puedan, ciertamente, dar respuesta a estas demandas, por lo que tendremos que realizar un buen seguimiento de estos recursos desde los territorios, pues, según ha sido anunciado en la prensa, se van a incorporar alrededor de 3.000 profesionales de la orientación para acompañar y apoyar de manera personalizada a las personas desempleadas en su búsqueda de empleo, que mayoritariamente estarán destinados en estos centros.

Desde UGT deseamos que este programa se desarrolle de verdad, y que ciertamente sirva para la mejora de las condiciones de los desempleados y desempleadas, tanto de los de larga duración como de las mujeres y los jóvenes, que están especialmente afectados por la precariedad laboral. Para ello, los recursos económicos y humanos no solo deben ser suficientes, sino que no deberían ser destinados a otras necesidades o programas menos útiles y eficientes de los Servicios Públicos de Empleo, por lo que deben tener un carácter finalista de atención a las personas desempleadas mediante los servicios para el empleo que precisan, tal y como planteamos en las enmiendas de la recién aprobada Ley de Empleo. Estaremos, por tanto, muy atentos en el cumplimiento de la incorporación y condiciones técnicas y laborales de los orientadores y orientadoras, y en que mediante ello se dé respuesta a las necesidades de las personas desempleadas para reingresar al mercado laboral.