Es la herramienta de reconocimiento de derechos sociales de Europa

• La Unión General de Trabajadores celebra la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de ratificar la Carta Social Europea, pendiente desde el año 1996, y que se remitirá finalmente al Congreso de los Diputados. 
• El sindicato pide al Parlamento que vote favorablemente esta ratificación por el compromiso social, por obligatoriedad moral y política y porque acata un mandato de la Constitución Española.
• UGT pide a la Ministra de Trabajo que incluya, en la misma ratificación, el protocolo de reclamaciones colectivas (1995). 

​La Carta Social Europea es la herramienta más avanzada de reconocimiento y protección de los derechos sociales en Europa desde los años 70, y proporciona protección de los derechos sociales, suponiendo un instrumento legal que sirve de freno a los efectos de políticas liberales que tanto han masacrado el Estado de Bienestar construido después de la Segunda Guerra Mundial. 

UGT celebra que el Gobierno la traslade a las Cortes por la vía de urgencia, no sólo por el injustificable retraso que sufre la no ratificación de la Carta, sino porque los derechos sociales que contiene deben ser de aplicación directa, e integrarse cuanto antes en el ordenamiento jurídico español para ser cumplidos por todos los poderes públicos y actores privados en nuestro país.

Aunque España firmó la Carta Revisada en el año 2000, los distintos gobiernos españoles en estos últimos años se han resistido a su ratificación, justificándose en que esto supondría someterse a un sistema de control supranacional que implica sanciones automáticas. Este argumento entra en contradicción con el propio espíritu de la construcción europea y la cohesión social que tan beneficioso ha demostrado ser para el conjunto de la clase trabajadora, el progreso social y económico, la paz y la democratización del continente.

Para UGT el anuncio del gobierno de España es especialmente importante por el compromiso de aplicación revisada de la Carta Revisada (declarada en 2014 “Constitución social de Europa”), así como que se incluya el Protocolo adicional de Reclamaciones colectivas de 1995 que permitirá a los agentes sociales denunciar los incumplimientos.

Sin embargo, pese a la celebración de impulsar la ratificación de la Carta Revisada, lamentamos que no se incluya en la misma y, por lo tanto, no se tramité por el procedimiento de urgencia, la ratificación del Protocolo de Reclamaciones Colectivas, cuya asunción en nuestro derecho interno se deja para un momento posterior, lo cual fue un compromiso de este gobierno que ahora se decide postergar.

Los objetivos de la Carta Social Europea son el pleno empleo, la seguridad y la estabilidad en el trabajo, aunque también habla de vivienda, protección social, educación o salud, y dedica especial protección a las personas más vulnerables. Para el sindicato representa un instrumento que construye y protege a las y los ciudadanos en una Europa que, olvidándose de sus principios fundacionales, ha tomado derivadas cada vez más mercantiles y menos sociales.

La Carta Social Europa consta de tres instrumentos (fundamentalmente la propia Carta de 1961 y el Protocolo adicional de 1988, así como la Carta Social Europea Revisada de 1996, que incluye el derecho de las y los trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador, el derecho a la dignidad en el trabajo, el derecho de los y las trabajadoras con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades, el derecho de los representantes de las y los trabajadores a la protección en la empresa y facilidades que se les deberán conceder, derecho a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo, derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social y derecho a la vivienda.

La posibilidad de suscribir el Protocolo de Reclamaciones Colectivas (1995) puede hacerse de dos maneras, o bien iniciando los trámites legislativos ordinarios relativos a los tratados internacionales para su aplicación en España, lo que conlleva un nuevo informe del Consejo de Estado, que puede llevar a más de un año en su tramitación, o añadiendo una adenda a la ratificación de la Carta revisada, que incluya la ratificación conjuntamente del Protocolo de Reclamaciones colectivas, en el procedimiento de urgencia, lo que permite que los plazos de su entrada en vigor y aplicación en nuestro país se acorten a la mitad.

Pese a la celebración de la noticia, UGT cree que es necesario no postergar la ratificación del Protocolo de Reclamaciones Colectivas, e insistirá en que el mismo se ratifique para que este instrumento internacional de protección de los derechos sociales forme parte de nuestro derecho interno, como herramienta de defensa de las personas trabajadoras y ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.