Es fundamental velar para que el incremento no sea neutralizado por el uso perverso de mecanismos como las cláusulas de no absorción o compensación  

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, y la secretaria confederal, Patricia Ruíz, han ofrecido hoy una rueda de prensa junto a los secretarios de acción sindical de las Federaciones Estatales: Isabel Araque (UGT Servicios Públicos), y Álvaro Vicioso (FeSMC-UGT) para analizar la aplicación del reciente incremento del SMI en los convenios colectivos o en algunas de sus categorías profesionales. 

En su intervención, Fernando Luján ha subrayado que la subida del SMI “cumple, en primer lugar, con lo establecido por la Constitución Española que, en su artículo 35 establece el derecho de los españoles a una remuneración suficiente, da respuesta a nuestros compromisos internacionales de la Carta Social Europea y, además, va en consonancia con las subidas que se ha hecho en los países europeos de nuestro entorno.

Luján ha insistido una vez más en que no es cierto que el aumento del SMI afecte al empleo, y las pruebas evidentes las tenemos tanto en Europa donde, los países que han subido sus rentas mínimas tienen muy bajas tasas de desempleo, como en España, donde la subida de esta renta es sostenida desde 2018 y tenemos los mayores niveles de ocupación más altos de nuestra historia y ha manifestado que subir el SMI es una cuestión de justicia social que “va a beneficiar sobre todo a jóvenes y mujeres”.

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT ha manifestado que este incremento va a incidir en muchos convenios colectivos, que tendrán que revisarse, y ha advertido de que debemos de acometer con urgencia el Acuerdo para el Empleo y la negociación Colectiva porque no puede ser que haya convenios colectivos que condenen a la pobreza a los trabajadores y trabajadoras. 

Es necesario dignificar los salarios y combatir la pobreza laboral en un país que está el cuarto, por la cola, en cuanto a riesgo de pobreza en Europa sólo por detrás de Rumanía, Bulgaria y Grecia” ha añadido, “y, en ese sentido, “UGT continuará abogando por un aumento generalizado de los salarios, ya sea mediante la firma de un AENC, a través de la negociación colectiva sectorial o incrementando la campaña salario o conflicto”.

Para paliar esta situación, Luján ha recalcado que se ha llegado a un compromiso con el Gobierno “para revisar en seis meses la evolución de los precios y salarios y la implantación del SMI en el marco del Diálogo Social y, asimismo, para que la Inspección de Trabajo actúe con contundencia y celeridad con aquellas empresas o sectores que pudieran ser más perezosos a la hora de cumplir los establecido en el RD 99/2023”.

Una amplia lista de convenios estatales tendrán que realizar una actualización 

Por su parte, la secretaria confederal, Patricia Ruíz, ha analizado la situación en la Federación de Industria, Construcción y Agro donde ha afirmado que, de 39 convenios de ámbito estatal, 36 recogen salarios mínimos y ha señalado el de construcción estatal o el de Industria estatal que afectan a unos 2 millones de trabajadores y que no recogen salarios mínimos como tal, pero si algunas actualizaciones de tablas y muchos de ellos están regulados después en el ámbito autonómico o provincial”. 

“Hay una amplia lista de convenios estatales que recogen el SMI y tendrán que realizar una actualización y, si bajamos al ámbito provincial y autonómico, la situación es muy variada y muy grave. En el sector agrario, por ejemplo, hay 51 convenios colectivos que afectan a unas 750.000 personas. La mayor parte de ellos, están bloqueados, decaídos o en plena negociación, que están por debajo del SMI fijado por el Gobierno” ha dicho.

Enseñanza y cuidados, sectores precarizados y feminizados

La secretaria de acción sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Isabel Araque, ha recalcado que, “a pesar de que la situación en el sector es mejor, de los 41 convenios a nivel estatal, la media de afectación es de 64 euros al mes, y hay 7 convenios que se van a ver afectados por ella, fundamentalmente en este ámbito de la enseñanza y los cuidados, el convenio sociosanitario y de dependencia, por ejemplo, que afecta a unas 400.000 mujeres, con una cuantía media de afectación de 107 euros al mes”. 

Araque ha incidido también en la importancia de establecer “una clasificación profesional clara y una buena estructura en las tablas salariales para impedir el solapamiento o aplanamiento de las categorías profesionales y para evitar trampas relacionadas con las cláusulas de no absorción o no compensación”.

Hay que vigilar de cerca que se cumple lo acordado 

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT), Alvaro Vicioso ha resaltado que se trata de un sector que “engloba mayoritariamente la precariedad en nuestro país” y tiene “en torno a 1729convenios a nivel sectorial y de empresa que afectan a cerca de 6.000.000 de trabajadores”.

Alvaro Vicioso ha afirmado que se ha calculado una afectación de la subida del SMI en unos 52 convenios del sector servicios privados que estaría en el entorno del 30% o 40% de los trabajadores totales, convenios como el de grandes almacenes, producción audiovisual o peluquerías e institutos de belleza, entre otros”, y también ha advertido que es prioritario “vigilar de cerca que se cumple la letra de lo acordado porque muchas empresas interpretan de manera interesada los criterios de no absorción o no compensación de los incrementos pactados para neutralizar las subidas”.

► La subida del SMI en 2023 y su incidencia en los convenios colectivos