El lunes, 20 de junio, Pepe Álvarez y Unai Sordo registrarán una solicitud en la sede del Alto Organismo para ser parte contra el recurso de Vox a la reforma

Los 52 diputados de Vox han presentado un recurso de inconstitucionalidad frente al Real Decreto-ley 32 /2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes de la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, con la intención de anular y dejar sin efecto los derechos que esta norma asegura a las trabajadoras y trabajadores del país.

Los diputados y diputadas de la formación ultraderechista pretenden negar a este Gobierno la competencia, frecuentemente utilizada por todos los Gobiernos de la democracia, de dictar disposiciones legislativas de urgencia convalidadas posteriormente por el Congreso de los Diputados, a pesar de que reiterada doctrina del Tribunal Constitucional ha avalado el uso de esta fórmula en contextos menos imperiosos que el que afrontaba la norma recurrida. Cuestionan que existiera, que exista, una urgente necesidad en España de acabar con el desempleo y la temporalidad. Cuestionan también la urgencia de acabar con la precariedad, como inquietante realidad que da lugar a malas condiciones de empleo, priva a nuestro sistema productivo de desplegar toda su capacidad y dificulta una ciudadanía plena en el trabajo. 

Tampoco les parece pertinente a los recurrentes que el Gobierno afrontara mediante el Diálogo Social las reformas comprometidas con las autoridades europeas, entre las que se encontraban todas las materias abordadas por el Decreto-ley; y que lo hiciera con la urgencia necesaria para cumplir el plazo establecido por Bruselas, 31 de diciembre de 2021, de lo que dependía la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación. Los proyectos que constituyen dicho Plan permiten la realización de reformas estructurales, mediante cambios normativos e inversiones y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de nuestra economía, con beneficios tanto para las empresas españolas, como a las personas trabajadoras ocupadas o en búsqueda de empleo. 

La reforma laboral de 2021, fruto del acuerdo del Gobierno y las organizaciones que recoge la Constitución Española en el art. 7 de su Título Preliminar –los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales–, pone en valor la concertación social con un resultado histórico en el que por primera vez una ley laboral sirve para recuperar derechos de las personas trabajadoras al mismo tiempo que se robustecen nuestras empresas. El acuerdo que impugna la ultraderecha demuestra que es posible consensuar entre empresas y personas trabajadoras y allanó el camino para que una cantidad importante de fondos europeos, 140. 000 millones de euros, los llamados Next Generation EU, lleguen a España para ayudar a nuestras empresas y autónomos a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia.

En 5 meses que llevamos de reforma laboral se han suscrito más de 2 millones y medio de contratos fijos alcanzado cifras récords de contratación indefinida nuca vistos hasta ahora en nuestro país. La contratación indefinida supone uno de cada dos contratos de trabajo desde la entrada en vigor del texto consensuado por los interlocutores sociales.

UGT y CCOO conscientes del papel constitucional en defensa de los intereses de la clase trabajadora que le otorga el art. 7 de la Constitución Española y en desarrollo pleno de los artículos 28 y 37 de nuestra norma fundamental va a personarse ante el Tribunal Constitucional para defender jurídicamente y legamente el texto pactado atacado por VOX en defensa de los millones de puestos de trabajo estable y de los derechos de las personas trabajadoras.

El próximo lunes, 20 de junio, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Alvarez y Unai Sordo, registrarán un escrito en la sede del Tribunal Constitucional.