El Gobierno de Rajoy promulgó en abril de 2015 la ley de seguridad ciudadana, conocida popularmente como la 'ley mordaza', principalmente para frenar las fuertes protestas sociales contra las políticas de austeridad que estaban desmantelando el Estado del Bienestar, organizadas en gran medida por los sindicatos de clase.

Uno de los principales compromisos del gobierno progresista fue derogar los elementos más regresivos de las libertades que contenía esta ley. Sin embargo, queda menos de un año de legislatura y el Parlamento nacional todavía no ha sido capaz de aprobar una nueva ley que regule la convivencia ciudadanía.

UGT y CCOO reclaman que en esta legislatura se apruebe una ley que entienda la seguridad ciudadana “como el más pleno disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, dando prioridad a la preservación del ejercicio de derechos y libertades fundamentales. 

Una ley que:

•    Garantice el ejercicio de derecho de reunión y manifestación, restringiendo las sanciones subsidiarias a los organizadores de reuniones o manifestaciones, tal como indican las recomendaciones del Consejo de Europa.

•    Elimine las restricciones introducidas por el PP al libre ejercicio de la actividad informativa por los medios de comunicación.

•    Que ofrezca más garantías frente a cualquier actuación arbitraria de la administración, incluidas las actuaciones policiales, que exija lógica, coherencia y razonabilidad en cualquier atestado, dotando a las fuerzas de orden público de instrumentos eficaces plenamente respetuosos con los derechos fundamentales de la ciudadanía.

•    Proteja la integridad personal de la ciudadanía y obligue a indemnizarla cuando se le cause un daño personal o material.

Desde UGT y CCOO instamos a las fuerzas políticas progresistas a que no dejen pasar la oportunidad de modificar en profundidad esta legislación regresiva que afecta a las libertades individuales y colectivas. Una democracia sana exige una nueva ley de seguridad ciudadana ya.