Lamentan que el Ministerio y las Comunidades Autónomas renuncien a garantizar la calidad de la atención.

• Las residencias dejarán de tener la obligación estatal de un número mínimo de personas trabajadoras hasta el 31 de diciembre de 2023, y aún entonces, hasta el año 2029 el requisito será inferior al que hoy se exige en la mayoría de territorios.

• Sólo el 39% de las 500.000 trabajadoras y trabajadores que atienden a las personas en situación de dependencia tienen contrato indefinido y a jornada completa, y todos los profesionales sufren una sobre carga de trabajo (debido a la baja ratio de plantilla exigida) que dificulta garantizar una atención de calidad a las más de 1,4 millones de personas que están reconocidas en situación de dependencia.

Los sindicatos UGT y CCOO rechazan el Acuerdo de acreditación de centros y servicios de atención a la Dependencia que hoy ha aprobado el Ministerio de Derechos Sociales y las Comunidades Autónomas porque no incluye ninguna de las medidas de mejora de la calidad del empleo propuestas por ellos pese a que el Gobierno está cumpliendo con el compromiso de aumentar la financiación estatal en 3.600 millones de euros hasta 2023.

El Acuerdo de diálogo social para la puesta en marcha del Plan de Choque del Sistema de Dependencia 2021-2023, suscrito en enero de 2021 por CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el Ministerio de Derechos Sociales  incluía un compromiso de aumento de la financiación estatal condicionándolo a la mejora de determinados indicadores de calidad del SAAD, entre los que se encuentran la calidad del empleo de los y las profesionales que prestan los servicios junto a otros  tales como reducir la lista de espera, el reconocimiento prioritario de servicios profesionales frente a prestaciones económicas, etc.

El aumento de la financiación estatal se cuantificaba en dicho acuerdo a razón de 600 millones de euros adicionales y acumulativos cada uno de estos ejercicios, de tal modo que al final del periodo el incremento de financiación del Estado ascenderá a 3.600 millones de euros. El Gobierno de la nación ha cumplido su compromiso y tanto los PGE de 2021 y 2022 incluyen las correspondientes partidas presupuestarias, de manera que este año se habrá realizado ya la mitad de esta transferencia a las comunidades autónomas.

Pese al incremento de la financiación comprometido el Ministerio de Derechos Sociales, presionado por las Comunidades Autónomas, ha decidido incumplir la condicionalidad de esta mejora de financiación al aumento de la calidad del empleo y el Acuerdo de acreditación de centros y servicios renuncia a adoptar ninguna medida relevante de mejora de las condiciones laborales hasta que finalice el año 2023; y aún entonces, condiciona las escasas medidas a un nuevo y adicional incremento de financiación. 
Hemos de recordar que el Acuerdo de acreditación regula las condiciones básicas de empleo que han de cumplir los centros y servicios que operan en el sistema de dependencia, tales como las ratios de plantilla (el número de trabajadores/as por persona beneficiaria atendida), la cualificación profesional que deben cumplir las plantillas para garantizar una atención de calidad, garantías mínimas de contratación (temporalidad, jornada, etc.) 

El documento que hoy discute el Ministerio y las comunidades autónomas no incluye ninguna de las propuestas, indispensables respecto a la calidad en el empleo, realizadas por UGT y CCOO durante los últimos meses, e incluso registra una reducción de las propias medidas que inicialmente había presentado el Ministerio ante la Mesa de Diálogo Social que dio origen al Acuerdo de enero de 2021 y que ha seguido trabajando desde entonces.

Llama especialmente la atención la supresión en el documento de los porcentajes mínimos de contratación de los y las trabajadoras; tanto indefinida como temporal, así como la contratación parcial; siendo precisamente uno de los sectores más precarizados y con mayor índice de temporalidad y parcialidad. A su vez, destaca entre todas ellas, la congelación indefinida de las ratios de plantilla (el número de profesionales por cada persona beneficiaria que debe estar atendida) en los centros de día para personas mayores dependientes en 1 cuidador/a, gerocultor/a o similar de atención directa por cada 6,7 personas mayores atendidas. Una cifra que se mantiene sin cambio desde 2008.

Y, más grave aún, en los centros residenciales de personas mayores dependientes, la norma estatal dejará de exigir un número mínimo de trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2023, y aún entonces, hasta el año 2029 el requisito será inferior al que hoy se exige en la mayoría de territorios. Cuando el 31 de diciembre de 2023 vuelva a operar la exigencia de una ratio mínima de atención, cada una de las gerocultoras/es tendrá que atender a 3,2 personas residentes. Está previsto que esta ratio se incremente anualmente hasta el año 2029 pero sólo de forma moderada ya que entonces cada gerocultor/a tendrá que atender a 2,3 personas mayores; y aún así estas ratios quedan expresamente condicionadas a que el Estado aumente todavía más su aportación a la financiación del sistema.

CCOO y UGT hacen un llamamiento tanto al Ministerio de Derechos Sociales como al conjunto de comunidades autónomas para que rectifiquen este acuerdo de acreditación y devuelvan al Sistema de Dependencia al objetivo de la senda de la calidad en la atención con el que nació en el marco del diálogo social la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, de modo que se garantice así la atención que merecen y a la que tienen derecho los más de 1,4 millones de personas que se encuentran en situación de dependencia en nuestro país.

Ambos sindicatos reiteran su disposición a seguir abordando la necesaria concreción del Plan de Choque acordado hace más de un año, anunciando que ante la decepción que causa un Acuerdo con muy leves mejoras y alejado de las necesidades de plena implantación del Sistema de Atención a la Dependencia, elevarán aún más su nivel reivindicativo en esta materia ante todas las administraciones competentes, tanto el Gobierno de España que peca de una evidente falta de ambición con este Acuerdo de desarrollo del Plan de Choque, como cada una de las comunidades autónomas cuya actuación, si bien con distintas realidades, se han alineado con este Acuerdo en una lógica de aumento de la financiación sin mejora de la calidad de la atención.