La política migratoria laboral de este país es una materia de Diálogo Social desde que, en el año 2004, el Gobierno, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales más representativas de este país, la incluyeran en la Declaración para el Diálogo Social: competitividad, empleo estable y cohesión social. 

Un acuerdo en torno a la idea de que la migración de trabajadores y trabajadoras debía ser tratada como el resto de materias del ámbito laboral, y por lo tanto en el marco del diálogo tripartito. Una decisión, por cierto, pionera en el ámbito de la Unión Europea, y que dio lugar, entre otros, a los reglamentos del 2004, el proceso de normalización subsiguiente, el reglamento del 2011, la gestión colectiva de contrataciones en origen, las autorizaciones excepcionales (arraigos), la determinación de la situación nacional de empleo, la flexibilización de la renovación de las autorizaciones de trabajo cuando estábamos en plena crisis económica y las medidas adoptadas durante la pandemia para evitar la caída en la irregularidad. Y también, por primera vez, la existencia de un órgano tripartito, la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. Éramos conscientes de que el Reglamento y particularmente algunos de sus elementos precisaban una reforma, mucho antes de la pandemia del año 2020, y así lo hemos venido reclamando y esperando. Lo que no podíamos esperar, era que el Gobierno, y particularmente el Ministerio competente, decidiera prescindir de este bagaje. 

Por ello CCOO y UGT no pueden por menos que lamentar que el Gobierno haya ido en los últimos meses rompiendo, no solo el equilibrio y el consenso en torno a la política de migración laboral, sino también acentuando la segmentación de la misma, hasta convertirla en un traje a medida, no de los trabajadores y trabajadoras migrantes, sino de las supuestas necesidades de determinados sectores, sin más consideraciones ni exigencias. El anuncio de la reforma del reglamento, es la última de una serie de decisiones que, a nuestro juicio, tienen como objetivo atender exclusivamente intereses económicos y evitar, no ya la participación, sino incluso la opinión de las organizaciones sindicales más representativas de este país, algo que ni siquiera los anteriores Gobiernos se plantearon. 

Lamentamos que el Gobierno esté dispuesto a dinamitar el Diálogo social y la propia idea de una política migratoria laboral integral, disgregando decisiones y competencias en distintos ministerios, con el resultado, más evidente que nunca, de que hay trabajadores migrantes de primera clase y trabajadores migrantes de segunda. 

Lamentamos igualmente que, por una parte, se llegue a la conclusión de que hay puestos de trabajo que no se cubren porque deben mejorar sus precarias condiciones y, por otra, se asuma que estas condiciones si son aceptables para los trabajadores migrantes. No podemos entender que un Ministerio cuyas políticas deben construirse sobre la base del Diálogo Social, reniegue del mismo y por lo tanto de una política migratoria laboral integral de consenso, ninguneé a las organizaciones sindicales más representativas de este país, y actúe de una forma clasista con respecto a las trabajadoras y trabajadores migrantes. Porque clasista es, a nuestro juicio, la forma en que se han venido tomando decisiones y que transmiten a la sociedad española la idea de que hay unos migrantes más aceptables que otros, y que, en cualquier caso, solo son aceptables si podemos extraer un beneficio económico.