Proyecto de ley de Memoria Democrática

La tramitación parlamentaria debe avanzar en aspectos como el acceso a los archivos y la reparación jurídica de la dignidad de las víctimas

El Proyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado hoy por el Consejo de Ministros supone la reparación, en cierta medida, del abandono institucional que han padecido las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo durante la mayor parte del periodo democrático, especialmente en el plano del derecho a la verdad y la justicia.

En una primera valoración, UGT considera que la norma supone un salto cualitativo respecto de la ley de Memoria Histórica de 2007, y valora especialmente el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo por el Estado, el tratamiento de los lugares de memoria, y las medidas destinadas a la identificación y recuperación de las personas desaparecidas mediante el Banco del ADN, el censo de víctimas y la configuración de un mapa de fosas actualizado.

Aunque declarar ilegítimos los tribunales especializados en la represión y nulas las condenas por razones políticas e ideológicas es para el Sindicato un avance en el restablecimiento de la verdad y la dignidad de las víctimas, el Sindicato considera que la medida se queda corta, y recuerda que el relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, en su informe de 2014, recomendó medidas más ambiciosas en relación con la modificación de la Ley de Amnistía.

Absolutamente necesarias son, por otra parte, las medidas destinadas a evitar la apología y ensalzamiento de las ideas y representaciones de carácter totalitario simbología, fundaciones, etc…), cuya expresión histórica en España es el franquismo, a cuyo amparo encuentran justificación la represión, el terror, y el genocidio por razones étnicas, políticas o ideológicas. De lo que se deriva, por otra parte, la conveniencia de la implantación de la memoria histórica en el sistema educativo, tal y como se prevé en el texto.

No obstante, el Sindicato considera que este proyecto ley debería incluir medidas más concretas para facilitar el derecho a la verdad, a facilitar a la ciudadanía el conocimiento del pasado, que se concreta en el acceso a los archivos históricos. En este sentido, aunque se afirma tener en cuenta los criterios de la UNESCO y del Consejo Internacional de Archivos, el articulado desatiende las recomendaciones de ambos organismos, una debilidad que debería corregirse en la tramitación parlamentaria.