La reforma de la gobernanza europea se encuentra inmersa en pleno debate y España se juega mucho ya que después de un periodo de aplicación de la “cláusula general de salvaguardia”, que ha puesto en suspenso el cumplimiento de los criterios de consolidación fiscal de la UE debido a la crisis provocada por la pandemia, se vuelve a recuperar el funcionamiento ordinario del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) desde el comienzo de 2024. 

Esto quiere decir que el marco jurídico de aplicación sobre las reglas fiscales volverá a ser el mismo que dio pie a las políticas de austeridad, a no ser que se logre un acuerdo sobre las nuevas reglas, que a día de hoy siguen a debate en la Unión Europea.

Para ello, el Consejo de la UE tomará un papel relevante en los próximos meses, coincidiendo con la presidencia española hasta final de año. Esto se debe a que al ejecutivo español se le ha asignado la tarea de concluir la revisión de la gobernanza europea en relación con las reglas fiscales.

Para no volver a una perniciosa austeridad 2.0, y siguiendo en línea con el actual diálogo social en el seno de la UE, UGT considera fundamental, en el actual contexto de elecciones generales, la conformación de un gobierno que apueste por una revisión de las reglas fiscales europeas donde se tenga en cuenta que:

-    En ningún caso el ajuste comprometa a las inversiones públicas para la transición verde y digital, y a aquellas que beneficien a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
-    La situación de pobreza, exclusión social, desempleo y otros aspectos sociales se consideren a la hora de fijar los objetivos de deuda.
-    El esfuerzo fiscal se fije sólo a medio o largo plazo, para no acabar en un ajuste insostenible, y que los países miembros gocen de mayor autonomía para establecer sus trayectorias de gasto.
-    La participación de los sindicatos y la sociedad civil en las negociaciones sobre los cambios, para lograr un diálogo más democrático y el mayor consenso social.

España no debe seguir la ola reaccionaria que inunda cada vez más países europeos 

Sin embargo, los programas electorales del Partido Popular y VOX van en contra de los puntos que se han señalado. De hecho, uno de los principales objetivos de la política fiscal del PP consiste en realizar un lesivo ajuste presupuestario, recortando el gasto social y reducir impuestos a los que más tienen, con las consecuencias nefastas en la sostenibilidad del estado de bienestar actual. La eliminación del impuesto a las grandes fortunas o la “moratoria y simplificación” del Impuesto de Sociedades, además de empobrecer a la clase trabajadora, pondrían en grave riesgo la consecución del objetivo de déficit público. Todo ello, sumado a la “drástica reducción del gasto público” que propone VOX, con la eliminación de organismos públicos e instituciones sociales básicas para la consecución del bienestar social, supondría la vuelta a una austeridad 2.0, tan perniciosa o más como la aplicada durante la Gran Recesión iniciada en 2008. 

La posición de estos dos posibles socios de gobierno no difiere de la que proponen los halcones europeos, y esto entraña un grave riesgo. La propuesta alemana de exigir reducir la deuda en un porcentaje igualitario para todos los países, o la danesa de volver a introducir a las pensiones en el debate europeo podrían ser apoyadas y obtener una mayor fuerza en el debate de la Unión Europea con esta nueva alianza ultraconservadora si finalmente ganan las elecciones y toman la Presidencia del Consejo.
España no debe seguir la ola reaccionaria que inunda cada vez más países europeos y que ponen en serio riesgo una orientación progresista de la Unión, lo cual acabará afectando a la totalidad de la clase trabajadora europea y a la viabilidad del propio proyecto común.