• El proceso de digitalización de la economía está agudizando la desigualdad salarial, que alcanza cotas ya de un 22,6% entre los contratos más bajos, desde 2008, y un 7,6% en el conjunto de los asalariados.

• UGT defiende que las nuevas tecnologías tienen que pagar impuestos y participar en el reparto de la riqueza, como una parte esencial e irrenunciable del futuro nuevo contrato social.

La Unión General de Trabajadores valora la puesta en marcha de la denominada Tasa Digital y reclama que los importes recaudados por la misma recaigan directamente en la Seguridad Social de nuestro país, para que, con ello, se pueda contribuir a paliar el déficit de la misma y se facilite el sostenimiento del Sistema Público de Pensiones presente y futuro, con el objetivo de repercutir los beneficios de la tecnología también sobre nuestros pensionistas y enviar el mensaje a las empresas y los trabajadores de que las nuevas tecnologías están al servicio de las personas, de la sociedad y del Estado de Bienestar.

Para UGT, esta Tasa Digital supone un avance necesario e imprescindible para avanzar en la articulación de un nuevo contrato social que reparta la riqueza que generan las nuevas tecnologías. El incremento de la productividad de éstas debe conllevar un incremento de los salarios y de las condiciones laborales. Si las empresas obtienen cuantiosos beneficios gracias a la revolución tecnológica, deben repartir parte de los mismos entre los trabajadores y la sociedad vía salarios, cotizaciones e impuestos. Sin embargo, esto no ocurre, y la productividad y los beneficios empresariales están creciendo a un ritmo mucho mayor que los salarios e impuestos.

 

 

 

Para UGT, el proceso de digitalización de la economía no está más que agudizando la desigualdad salarial, que alcanza cotas ya de un 22,6% entre los contratos más bajos, desde 2008, y un 7,6% en el conjunto de los asalariados. Más de 10 millones de personas reciben rentas por debajo del umbral de la pobreza, algo que para UGT es intolerable.

 

 

Además, se está añadiendo un agravante más: la cada vez menor necesidad de contratar mano de obra. Esta revolución digital ha producido que las empresas que están a la cabeza mundial sean aquellas con mayor poder tecnológico.

 

 

Empresas que tienen como principal característica, además de su carácter innovador y tecnológico, un capital humano poco numeroso, aunque muy especializado. Menos que otras empresas que tienen una gran dimensión mercantil pero no cuentan con tan alta tecnología.

 

Para UGT, el trabajo está perdiendo su centralidad como mecanismo de organización económica y distribución de la renta. El factor trabajo, como eje social que equilibraba la riqueza entre personas y compañías, está siendo desterrado. A pesar de crear cada vez menos empleo, las empresas cada vez son más ricas, lo que está generando nuevas desigualdades sociales y agudizando otras más antiguas.

Pero, además, el sindicato denuncia que muchas de estas empresas, especialmente las plataformas digitales y las gigantes tecnológicas, se están aprovechando de novedosas ingenierías fiscales para no pagar impuestos en los países en los que operan, quebrando el régimen actual de reparto de la riqueza y el sustento de nuestro Estado del Bienestar.

Por todo esto, UGT defiende que las nuevas tecnologías tienen que pagar impuestos y participar en el reparto de la riqueza, como una parte esencial e irrenunciable del futuro nuevo contrato social.

El sindicato considera que la tecnología, al igual que la propia economía, tiene que estar al servicio de las personas, no al servicio del mercado y los que controlan el mercado. No podemos, ni queremos destruir las máquinas, queremos repartir los beneficios que generan. UGT es firme defensora de nuestro actual paradigma social. Pero no podremos mantenerlo sino existe un reparto eficaz de la riqueza.

En este sentido, UGT valora cualquier acción recaudatoria y fiscal dirigida a evitar el pago de impuestos en donde se genera la riqueza. Las empresas digitales deben empezar cumplir con sus obligaciones sociales y públicas; deben entender que repartir la riqueza es un requisito imprescindible para estar entre nosotros. No caben excepciones en el contrato social existente entre trabajadores y empresas. No son diferentes ni especiales en este sentido. Y, si fuésemos más allá, incluso deberían contribuir de forma más intensa a la sociedad. Cualquier empresa tradicional no sólo paga impuestos, sino que da empleo y, por tanto, aporta cotizaciones sociales, contribuyendo con ello a mejorar nuestro sistema público, nuestro Estado de Bienestar.

Declaraciones de Gonzalo Pino, Secretario de Política Sindical